Tradicionalmente, la revisión de los valores del catastro ha sido motivo de polémica, discusión, malestar ciudadano y quebraderos de cabeza para los gobernantes. ¿Y por qué? Por el impacto que la adecuación a los precios de mercado suele suponer para el bolsillo de los ciudadanos, que han de hacer frente de manera inequívoca a los incrementos aplicados en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Episodios recientes, ocurridos en municipios como Estepona y Vélez-Málaga en la provincia malagueña, o en otros como Jerez, en Cádiz, ponen de relieve precisamente la repercusión que acaban teniendo este tipo de medidas sobre los ciudadanos.

Alrededor de 10.000 personas se manifestaron el pasado mes de marzo por las calles de Estepona después de que el Ayuntamiento de la localidad, en ese entonces gobernado por el socialista Antonio Barrientos, hubiese elevado de forma sustancial el tipo impositivo del IBI, en lugar de mantenerlo o rebajarlo, incluso, para minimizar el efecto que ya de por sí tiene la adecuación de valor catastral de las fincas urbanas a los precios de mercado. Este hecho provocó una oleada de protesta ciudadana sin paliativos, que llevó al equipo de gobierno a analizar la situación y a anunciar medidas de compensación.

Algo semejante ha venido ocurriendo en el último año en Vélez, donde los vecinos también han hecho de la revisión de las ponencias motivo de confrontación con el equipo de gobierno, encabezado por el popular Francisco Delgado Bonilla. Ante la denuncia ciudadana, el Ejecutivo local se vio obligado a adelantar un año la tramitación de los nuevos certificados del IBI, para lo que se abrieron hasta tres oficinas, y a poner sobre la mesa subvenciones de hasta un 95% para los empadronados en el municipio.

Igualmente polémico ha sido este asunto en la provincia de Cádiz, donde la revisión de los valores impulsada por la Dirección General del Catastro y a la que están obligados los ayuntamientos cada diez años, ha provocado aumentos de casi un 400% en el valor de los inmuebles de algunas localidades, caso de El Bosque o Benaocaz. En estas circunstancias, como ha ocurrido en Málaga, la decisión de miles de vecinos ha sido la de echarse a las calles, en protesta por las variaciones tan significativas y ante el temor que las mismas se reflejasen en las cuotas del IBI. En las marchas, los asistentes portaban pancartas en las que se leían: "Por la anulación del catastrazo. Movilízate". La acción ciudadana ha sido tal que en Jerez se han llegado a presentar hasta 30.000 recursos ante el Catastro.