Estos últimos días cada paseo por el centro ha sido una experiencia desoladora y triste, como si uno no terminara de acostumbrarse nunca a esta sucesión de cierres y silencios. La soledad de las calles y los comercios blindados deja sin remedio un poso de amargura, a la vez que el deseo relativo al final de este trago se agudiza. Hace unos días, mientras seguía vigente el cierre de la actividad no esencial decretado por la Junta de Andalucía, pasé por la puerta de uno de mis restaurantes favoritos del centro y el pellizco, claro, entró en aumento. Encontré junto a la puerta un cartel con un lema bien rotundo en el que podía leerse: No cerramos, nos cierran. Y otro cartel en el que figuraban una serie de reivindicaciones con la firma de la Asociación Malagueña de Hosteleros (Mahos). En esta misma comunicación, la agrupación afirmaba: “Queremos una Isabel Díaz Ayuso que defienda a los hosteleros”. Y, de entrada, uno no podía más que compartir las razones de esta afirmación. La situación de la hostelería ya no es delicada, ni trágica, sino que constituye una emergencia que ha dejado a muchas, demasiadas familias contra las cuerdas. En una ciudad como Málaga en la que el sector afronta además costes desobirtados en los alquileres, y en la que la inversión necesaria ya sólo para sobrevivir es enorme, esta emergencia se multiplica. Cuento entre mis amigos a personas que han invertido años de ahorro, esfuerzo y sacrificio en la apertura de bares y restaurantes, que han asumido gastos de altísimo voltaje a la espera de un retorno únicamente visible a largo plazo y que han visto cómo el fruto de todo este empeño se ha ido por la cañería por una epidemia que de ninguna forma podía contemplarse en planes de negocio, ni en comodines ni en planes B. Tener un negocio de restauración cerrado mientras sigues pagando cuotas y alquileres es una ratonera insostenible que no se arregla con un Erte. Ahora bien, tras ver el cartel de Mahos en la puerta del restaurante al que tantas ganas tengo de volver con mi familia, me preguntaba si la solución pasa, realmente, por la llegada de una Isabel Díaz Ayuso. Es decir, de alguien que dé la cara por los hosteleros estableciendo un pulso entre la situación económica del sector y la evolución de la pandemia, haciendo valer la posibilidad de que abran los bares sea cual sea el balance de contagios. Habría, entonces, una posible vía en la figura de un líder político que, en correspondencia, sacara pecho a cada nueva restricción anunciada por la Junta de Andalucía y expresara su resistencia a las mismas poniendo sobre la mesa la necesidad de que la hostelería se mantenga operativa. Porque, si no nos mata el Covid, nos va a matar el paro. Supongo entonces que Mahos no haría ascos a un juez que, como en el País Vasco, anulara la orden sanitaria de cerrar los bares y pusiera en su sitio a los epidemiólogos tachándolos de “médicos de familia que han hecho un cursillo”. Un héroe así sería, entonces, bienvenido.

Habría que ver si con un 41% más de fallecidos lo que hace falta es una Díaz Ayuso

El problema es que con un 41% más de fallecidos durante el mes de enero en la provincia de Málaga la apuesta por la confrontación resulta, cuanto menos, delicada. Es decir, que si se trata de hacer valer la situación de la hostelería por encima de los muertos, bueno, digamos que el otro peso de la balanza también tira lo suyo. Es cierto que el hartazgo y la desesperación no entienden de motivos, pero existe entre esos médicos de familia con cursillo la convicción general de que en los bares y restaurantes la precaución tiende a relajarse, ya sólo en términos de agrupamiento y de desprendimiento de la mascarilla; y que por tanto, cuando el contagio alcanza niveles alarmantes, corresponde cerrarlos porque la alternativa sería inasumible. Se podría hacer la prueba, tal vez, para comprobar en qué medida se está pagando un precio demasiado alto. Pero para ello habría que correr un riesgo que, con la presión hospitalaria por las nubes, resultaría a todas luces suicida. Lo que no es de recibo es que las ayudas públicas que por derecho corresponden al sector hostelero, y que con tanta convicción han prometido las instituciones autonómicas, nacionales y europeas, sigan sin llegar. Porque si estamos de acuerdo en que hay que cerrar bares y restaurantes, corresponde satisfacer el coste social que esta medida implica de inmediato. Igual, por cierto, que con el resto de negocios. Con la misma celeridad con la que se sigue cobrando la cuota de autónomos. Es ahí donde corresponde hacer frente común. Y donde sí hacen falta líderes y portavoces a la altura.

Respecto a la desolación del centro, un amigo que vive en la zona se me encogía de hombros cuando le preguntaba al respecto: “Ahora, por lo menos, dormimos”. Igual cuando esto acabe tenemos la oportunidad de redefinir la relación entre el sector hostelero y la ciudadanía y adoptar un modelo más equilibrado. Nunca viene mal eso de armonizar derechos.