Catorce acusados en Málaga por su relación con una red que prostituía a mujeres procedentes de Nigeria

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha iniciado el juicio contra los miembros de una red de trata de personas, que presuntamente facilitaba la llegada a Málaga y otras ciudades españolas de mujeres migrantes, mayormente originarias de Nigeria y algunas menores de edad, con el fin de que ejercieran la prostitución. Un total de 13 personas están acusadas y se han identificado a 15 víctimas, cinco de ellas menores.

El juicio comenzó la semana pasada con varias sesiones y continuará en los próximos días. Según las primeras conclusiones del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, una de las procesadas sería la "líder" de la organización, apoyada por su pareja. Esta mujer gestionaba un establecimiento que servía como base para llevar a cabo las actividades ilícitas.

La acusación sostiene que la procesada estaba involucrada en todas las fases del traslado de las mujeres, desde su reclutamiento en Nigeria hasta su transporte a España, pasando por la elección de la ruta a seguir, ya fuera terrestre-marítima o aérea, hasta llegar finalmente a Málaga. Se apunta también que ella tenía los contactos con otras personas relacionadas con la red.

El fiscal indica que la acusada principal era la encargada de contactar con los reclutadores en Nigeria, quienes captaban a las mujeres que posteriormente eran trasladadas y sometidas a la prostitución. Además, señala que las víctimas eran sometidas a un ritual de vudú para asegurar su "lealtad" y el pago de la deuda que contraían.

El resto de los acusados colaboraban en diversas tareas dentro de la organización, como el traslado de las mujeres desde Nigeria a Europa, especialmente a Italia, y luego a España, o encargándose del control de las menores y asegurando que ejercieran la prostitución en Málaga.

El fiscal apunta que las víctimas eran explotadas debido a su situación de vulnerabilidad, su desconocimiento del idioma y la cultura española, y la falta de apoyo familiar, y que se les obligaba a prostituirse a diario, en jornadas extensas. Además, si no cumplían con las órdenes de la principal acusada, eran sometidas a agresiones físicas y se amenazaba a sus familiares en Nigeria.

En cuanto a los cargos, el fiscal acusa a los procesados de 17 delitos contra los derechos de los trabajadores, 23 delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en el marco de una organización criminal, y tres delitos de falsificación. La principal acusada, a quien se considera responsable de la mayoría de los delitos, podría enfrentarse a una condena de 185 años de prisión.