Condenan a siete personas en Málaga por blanquear dinero del narcotráfico
Compraban inmuebles y vehículos para lavar las ganancias que obtenían
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La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a siete personas por blanquear dinero procedente del tráfico de drogas, utilizando para ello la adquisición de bienes como inmuebles y vehículos, así como la realización de múltiples operaciones financieras.
Según se recoge en la sentencia, cuatro de los acusados se dedicaban de forma habitual al tráfico de drogas desde al menos el año 2009. Estos ya fueron condenados en marzo de 2018 por un delito contra la salud pública.
La Sala expone ahora que estos individuos, con el objetivo de introducir en el circuito legal las ganancias obtenidas con la venta de sustancias estupefacientes, llevaron a cabo diversas operaciones económicas. Lo hicieron tanto de manera directa como en connivencia con otros implicados, también condenados, con quienes mantenían lazos de amistad o familiares.
Algunos de estos colaboradores prestaron su nombre para figurar como titulares del dinero en metálico o de los bienes adquiridos, a sabiendas de su origen ilícito. Su participación buscaba dificultar la identificación de la verdadera titularidad de los bienes. En muchos casos, se trataba de personas sin antecedentes penales, lo que facilitaba el encubrimiento de la operación.
La sentencia detalla cómo se realizaron las compras de pisos, fincas y vehículos —estos últimos pagados en efectivo—, así como la venta de joyas que habían sido recibidas como pago por droga y luego revendidas para legitimar los beneficios obtenidos.
Además, algunos de los acusados disponían de cuentas bancarias en las que realizaron numerosos ingresos en efectivo, pagaban recibos domiciliados e incluso efectuaban cargos relevantes en comercios y restaurantes de Málaga. Todo ello, presuntamente, con dinero procedente del narcotráfico.
En la mayoría de los casos, los implicados no contaban con ingresos laborales regulares, y sólo figuraban como dados de alta en la Seguridad Social durante periodos en los que percibían subsidios o prestaciones por desempleo. En otros casos, utilizaron empresas pantalla para ocultar el origen del dinero.
Por estos hechos, el tribunal ha condenado a siete personas por un delito contra la salud pública y blanqueo de capitales. Tres de los acusados cumplirán penas de 20 meses de prisión; otro ha sido condenado a tres meses, uno a cinco meses y los dos restantes a tres meses de cárcel.
Los acusados admitieron los hechos y aceptaron las penas propuestas por el fiscal, lo que evitó la continuación del juicio. La sentencia fue dictada "in voce" con conformidad de las partes.
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