La discusión sobre el hotel proyectado en los suelos del dique de Levante del puerto de Málaga llegará finalmente a la asamblea del Consejo Social de la Ciudad que tendrá lugar la próxima semana. Lo hará, en cualquier caso, más de un año después de que el alcalde, Francisco de la Torre, se comprometiese a celebrar una sesión monográfica sobre el que se ha demostrado controvertido proyecto urbanístico, y compartiendo escenario con otros asuntos como el tercer hospital y la mesa de sanidad.

Sea como fuere, la decisión adoptada ayer en la mesa de Proyecto Singulares, que forma parte del consejo, pasa por remitir a los integrantes de la asamblea todos los informes recabados en las últimas semanas sobre la iniciativa, con el fin de que sean estos los que, sí así lo determinan, adopten decisiones al respecto. Al elemento documental se sumará la puesta sobre la mesa de la demanda realizada ayer por varios de los presentes en la reunión en el sentido de realizar un proceso participativo amplio. De entre los que hablaron a favor de esta opción, algunos aludieron a una posible consulta popular.

Hace más de un año que el alcalde se comprometió a celebrar esta sesión

El cierre del cónclave de la mesa constata que el debate generado sobre la previsible construcción de la torre diseñada por José Seguí sigue viva. Y ello a pesar de que todos los movimientos formalizados por parte de las autoridades competentes, ya sea del Puerto, de la Delegación de Medio Ambiente y del Ayuntamiento, han servido para allanar el camino a la intervención. En el devenir de la sesión de la semana que viene puede resultar clave el papel del PSOE, que hasta la fecha se ha mostrado favorable a la construcción del hotel. El concejal Sergio Brenes, presente ayer en la mesa, aseguró que su formación "está con escuchar el Consejo Social; hay que ser respetuosos con lo que salga de esa reunión" y recordó que hasta la fecha siempre ha votado a favor de las iniciativas que han demandado "tener en cuenta todos los informes, que se sea escrupuloso con el cumplimiento de la ley y de que se extreme la transparencia en el proyecto". Asimismo, dijo respaldar la petición de mejorar los cauces de participación.

"La misión de la mesa es aportar luz para que se debata y se tomen las decisiones correspondientes", explicó Juan Cobalea, presidente de la citada mesa. Con ello justificó el por qué se votaron los informes y por qué no hubo un pronunciamiento unitario. "No se pueden tomar acuerdos a nivel de votación porque no hay miembros permanentes", indicó, al tiempo que se comprometió a exponer a la asamblea la existencia de voces que abogan por una consulta popular.

Uno de los integrantes de la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte y profesor del departamento de Geografía de la Universidad de Málaga, Matías Mérida, dijo que si bien no se admitió un pronunciamiento de la mesa, sí se aceptó "que queden reflejadas en acta todas las intervenciones". "La idea es que se traslade al consejo social un proceso de participación, que puede ser mediante un consulta o un proceso más amplio; la mayoría de los miembros ha hablado en ese sentido", añadió.

La documentación manejada por la mesa incluye un total de once informes (se solicitaron doce pero la Escuela de Arquitectura no lo entregó por falta de tiempo), de los cuales ocho tienden a advertir sobre el impacto visual y paisajístico de la edificación, así como a cuestionar el procedimiento seguido por la Autoridad Portuaria a la hora de adjudicar el espacio, y dos son favorables a la iniciativa (el de la CEM y el de José Seguí), resaltando la inversión de 115 millones que supondrá y la creación de más de 1.200 empleos. El undécimo se corresponde con la resolución dictada por Medio Ambiente aprobando la evaluación ambiental estratégica por la vía simplificada.