El intento de transparencia iniciado hace dos días por los diputados provinciales socialistas tuvo en la jornada de ayer su siguiente episodio después de que el martes publicaran en la página web del PSOE de Málaga las nóminas de cada uno de ellos correspondientes al pasado mes de septiembre. Ayer fue el turno de las declaraciones de la renta y al igual que con las retribuciones mensuales se pusieron a disposición de los interesados las rentas de los nueve diputados y las de los cuatro cargos de confianza que le corresponden al grupo político dentro de la Diputación Provincial.

El resultado de la presentación de las declaraciones de la renta de los socialistas es a pagar para casi todos ellos, excepto para María José Sánchez, que le sale a devolver algo menos de 500 euros. En el caso de María Dolores Moreno y María José Torres la información está incompleta, en el primero, o no se ha aportado ningún dato en la página web, para la segunda. Además, cinco de los diputados han presentado declaración conjunta, mientras que los otros cuatro la realizan de manera individual.

La declaración del diputado Jesús Ortiz y su pareja es la que tiene la cifra más alta a pagar a Hacienda, con casi 4.500 euros, cuyo abono se ha solicitado fraccionado en dos pagos. Mientras que Fuensanta Lima y su pareja sólo tendrán que abonar 223,50 euros, lo que también harán en dos pagos.

El portavoz socialista en la institución provincial, Francisco Conejo, anunció el pasado martes una serie de medidas que los miembros de su partido irán poniendo en marcha, orientadas a ofrecer una mayor transparencia al ciudadano, entre las que figuran las dos realizadas hasta el momento. Éstas se completarán, además, con la presentación de una moción en el Pleno de la Diputación para que el equipo de gobierno del Partido Popular también las aplique.

En el paquete de acciones de transparencia los socialistas contemplan exigir las declaraciones de la renta, las declaraciones de bienes y el importe íntegro de las retribuciones y las compensaciones económicas que perciben los cargos públicos electos, el personal de confianza, los contratos de alta dirección y el personal de dirección y gerencia designado en organismos y empresas públicas del ente supramunicipal y sus respectivas parejas, según concretó Conejo.