El Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos está a punto de dar por terminado su papel en el caso del presunto exterminio de más de 2.000 animales en las instalaciones de Parque Animal de ese municipio. Solamente queda que la principal acusada que era la responsable de la Protectora y uno de sus principales colaboradores presenten sus respectivos escritos de defensa, antes de que el juez remita los autos a un juzgado de lo penal que será el encargado de fijar y celebrar el juicio en los próximos meses.

El último auto del titular del juzgado, emitido el pasado viernes, da por concluido el periodo de presentación de los escritos de acusación de todas las partes personadas en el caso y se detallan las penas solicitadas por cada uno por los delitos de maltrato animal, intrusismo profesional y falsedad documental que se le imputan.

La mayoría de las acusaciones personadas (Colegio de Veterinarios, Colectivo contra el Maltrato Animal, El Refugio y un particular) han seguido los pasos del escrito de la Fiscalía de Málaga que considera que la responsable de la Protectora era la que impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente los hechos con la colaboración de otro empleado, al que también acusa de maltrato animal e intrusismo profesional en el sacrificio "masivo e injustificado" de animales abandonados recogidos por la asociación "con la exclusiva finalidad de reducir los costes y dedicar las instalaciones con preferencia a los fines privados".

El fiscal aseguró en el escrito de conclusiones provisionales que se calcula que de enero de 2009 a octubre de 2010 se habrían sacrificado unos 2.183 animales en las instalaciones de Parque Animal, propiedad del Ayuntamiento de Torremolinos y que tenía adjudicado el servicio a la asociación que preside Carmen Marín. La Fiscalía mantiene que "se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y conocida por los acusados, pues se retorcían de dolor a su vista durante horas".

Por el delito de maltrato animal continuado, el fiscal pide que se le imponga a cada acusado un año de prisión, con la inhabilitación para profesión que tenga relación con los animales durante tres años. En cuanto al delito de intrusismo profesional, por el que se pide una multa de 7.200 euros para la acusada, el escrito de acusación de la Fiscalía alude a que ambos acusados "carecían" en aquel momento de la titulación necesaria para llevar a cabo el sacrificio de animales. Además, el fiscal señala que la directora de Parque Animal "bajo el nombre de veterinarios supuestos firmaba certificados de eutanasia o los expedía en su totalidad de su puño y letra, así como otros certificados veterinarios y los listados mensuales de animales para incineración que eran presentados en el Ayuntamiento. Por estos hechos se le imputa el presunto delito de falsedad documental, por la que el fiscal solicita que se imponga a la procesada tres años de prisión y multa de 7.200 euros.

El auto dictado por el juez con fecha de 17 de diciembre del año pasado suponía el último paso de la instrucción.