Araceli Sánchez cuenta que el 25 de julio cuando circulaba por el paseo marítimo tocó el claxon de su coche a un Seat Córdoba parado sin luces de emergencia entre dos carriles. Este hecho valió para que el conductor le gritara improperios y le hiciera signos ofensivos hasta que al final del Paseo de los Curas "dio un volantazo, golpeó mi coche y me sacó de la calzada". Unos metros más adelante "bajó del automóvil y se dirigió a mí a gritándome con el puño el alto, en presencia de mi hijo de 3 años". "Se fue cuando le dijimos que habíamos avisado a la Policía".

Hechos los atestados, la joven fue citada el pasado lunes para acudir al juzgado. Cree que asistió a un juicio rápido, pero no tiene la certeza "porque nadie me lo explicó ni me informó de mis derechos". Cree que hay sentencia "pero se niegan a notificármela". Y, sobre todo, no cree que se haya hecho Justicia. "Nadie me preguntó por lo que había sucedido. No pude explicar que fui amenazada". En definitiva, la joven se siente "doblemente víctima: de un conductor agresivo que seguramente se siente impune y vuelve a estar subido a un coche y de un sistema que, como víctima, me abandona".

La Consejería de Justicia, en colaboración con Unicaja y la Universidad de Málaga, puso en marcha en enero de 1999 el Servicio de Atención a las Víctimas (SAVA) precisamente para asesorar y dar respaldo gratuito e inmediato a los particulares que de forma directa o indirecta son objeto de delitos y faltas. El año pasado atendió en Málaga a 1.879 personas, algo más del 87% mujeres. Una de las líneas de trabajo del SAVA reside precisamente dar apoyo jurídico: "La gente no entiende en qué consiste el procedimiento, desconoce sus derechos, no sabe, por ejemplo, que puede ejercer la acusación particular, que si sus recursos económicos son limitados tiene derecho a un abogado de oficio, le acompañamos durante el procedimiento, coordinamos el trabajo con los letrados, porque muchas veces en el juzgado le dicen que no necesita abogado, aunque tenga derecho. También le asesoramos sobre las consecuencias del procedimiento porque muchas veces piensan que el asunto concluye al presentar la denuncia", explica María Victoria Rosas, coordinadora de este servicio en Málaga.

Aunque el 47% de las personas que acuden al SAVA , ubicado en la Ciudad de la Justicia, son víctimas de violencia de género, "el servicio es universal para todos los ciudadanos y para cualquier tipo de delito o falta". Además de la asistencia jurídica, los usuarios del SAVA, que pueden acceder directamente al servicio sin necesidad de cita previa y los finales de semana a través del teléfono 900 85 65 65, también tienen opción a apoyo social y psicológico. En el primer caso, los técnicos les ponen en contacto con otras entidades y servicios "para que accedan a recursos disponibles en áreas tan variadas como la orientación laboral, la atención a los niños o alimentos", mientras que la asistencia psicológica la presta directamente el propio equipo, compuesto por criminólogos titulados en Derecho, Trabajo Social y Psicología. El abogado Esteban Martín Herrera aclara que "si la Justicia lenta no es justa, tampoco lo es la rápida". Este letrado argumenta que una de las consecuencias del atasco judicial es la velocidad que se ha imprimido a los juicios rápidos: "En la guardia se determina si una causa se va a tramitar como diligencia previa o si directamente va a pasar a juicio rápido y los jueces tienen la mala costumbre de decidir algo tan transcendental sin oír a las partes".

De este modo, al final de la guardia el abogado "se encuentra con un acta en la que informa de los casos que pasan a juicio rápido y te tienes que conformar con las pruebas expuestas en la denuncia porque casi por sistema los magistrados deniegan las que se pidan a partir de ese momento y siempre surgen elementos esenciales para entender lo ocurrido". "La instrucción prácticamente concluye ahí y las partes se quedan indefensas, cuando el Tribunal Supremo acepta que se presenten pruebas incluso después de la fase de calificación y, en otra de sus sentencias, dice que los tribunales no pueden denegar pruebas y luego fundamentar sus decisiones en la falta de acreditación de los hechos".

El decano del Colegio de Abogados, Manuel Camas, precisa que los juicios rápidos son un instrumento procesal que trata de dar respuesta a la demanda social de celeridad en los procesos judiciales. En este sentido, "son beneficiosos porque permiten ver que quien comete un delito es condenado en un tiempo razonable", sin embargo, coinciden en señalar la necesidad de "hallar un punto de equilibrio con las garantías procesales".

Las pruebas sin son razonables se deben practicar y eso, con el día a día, a veces no ocurre, así que deberemos insistir en que esos derechos, que son fundamentales, se respeten a lo largo del procedimiento", agrega el decano.