No es un problema nuevo. La Asociación de Familias Numerosas lleva una decena de años protestando ante el colapso administrativo que se da en la renovación de los carnés. Explican que en ocasiones se han llegado a retrasar hasta 10 meses, aunque lo normal es que tarden unos 3. Este viene provocado por dos causas principales.

El escaso número de funcionarios que existe en relación a los trámites que tienen que deben atender es una de ellas. La otra corresponde con la complejidad de los trámites burocráticos, obligando a presentar documentación ya enviada, y con el sistema de caducidad del título, ya que deja de ser válido para toda la familia aunque solo uno de los miembros deje de cumplir los requisitos.

Esto provoca que los afectados, que se estima que sean unas 24.000 familias en Málaga, pasen meses sin el carnet en vigencia, cuya consecuencia es la pérdida de los derechos como familia numerosa durante ese tiempo, lo que se traduce en que no pueden acceder a las bonificaciones en la luz, transporte, IBI o matrículas universitarias, entre otros. El problema afecta a Málaga y a Sevilla, ya que son las provincias de la comunidad con un mayor número de Familias Numerosas.

Las Comunidades Autónomas tienen la competencia de expedir el Título de Familia Numerosa, que permite acceder a los beneficios públicos. Se puede pedir cuando nazca el tercer hijo o en los supuestos que recoge la Ley de Protección a las Familias Numerosas. Esta considera también de esta naturaleza a núcleos familiares de dos hijos y uno con discapacidad, discapacidad de los padres o viudos con dos hijo entre otros. Las bonificaciones suelen ir desde el 20% al 50% según si sean familias numerosas ordinarias o familias numerosas de categoría especial. Cuando los sucesores cumplen 16 años viene la primera caducidad del carné, ya que la administración deben comprobar que el menor no está trabajando. A los 21 años quedan exentos de los beneficios personales, aunque la familia sigue accediendo a las bonificaciones hasta que el último de los hijos cumpla esta edad.

La Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas da una prórroga a los hijos para que se puedan beneficiar de las bonificaciones hasta los 25 años siempre y cuando sean solteros y estén cursando estudios. Es en este momento es cuando empiezan las complicaciones, ya que deben acreditar que este miembro no está trabajando de manera constante, sino caduca el carné para toda la familia.

“Se podría racionalizar el proceso si caducase a efecto personal y no perdiesen todos los miembros los beneficios”, indicaba Blanca Civantos, directora técnica de la Asociación de Familias Numerosas de Málaga, y también de la Federación Andaluza de Familias Numerosas Valeria y Héctor, padres de familia numerosa, explican que tienen un hijo de 22 años universitario, por lo que tuvieron que acreditar que seguía estudiando cuando cumplió 21: “la tarjeta me vencía en mayo, con el cumpleaños del mayor, y yo presenté en enero la documentación pero aun así me llegó en septiembre, con validez desde mayo”. Durante esos cuatro meses toda la familia perdió los beneficios: “mi hija no pudo usar el bono de transporte durante esos meses”, indica.

Otro de los problemas es que las empresas en las que tienen los descuentos no aceptan el resguardo de solicitud como válido, algo que sí es posible en otros trámites. “Una gran cantidad de familias se han quedado sin el bono social en plena crisis eléctrica, ya que cuando presentan el carné renovado, no tiene carácter retroactivo. Sé que hay familias que han pasado frío y veremos a ver qué pasa con el calor, porque hay que tener en cuenta que, según el informe FOESSA 2022 el 40% de las familias numerosas están en umbral de pobreza”, indicaba Civantos.

Chelo y Javier, padres de 4 hijos confiesan que “la casa se convierte en una oficina”. Explican que en cada renovación tienen que presentar el DNI de cada uno, declaración responsable de ingresos, certificados de empadronamiento, matrículas de estudios o libro de familia entre otros. “Han llegado a tardar hasta 5 meses aunque lo hiciéramos con 3 meses de antelación. Por lo tanto, tiene validez para 8 meses. Esto significa que a los 4 meses de que llegue, ya tienes que empezar a mover papeles otra vez”, confiesa el matrimonio. “Siempre marcamos la casilla de que puedan acceder a nuestros datos, pero aun así, exigen que lo vuelvas a presentar”. Así mismo, coinciden con otras familias en que si no presentan reclamaciones para agilizar el trámite, la tardanza se alarga.

Por otro lado, la problemática se agrava en las familias afectadas por la brecha digital que no realizan los trámites por internet. La Secretaría General de Familias puso a disposición del sistema la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía (VEAJA). Una medida que la Federación Andaluza de Familias Numerosas (FAFN) tacha de insuficiente, ya que “se necesita clave PIN o certificado digital para operar desde el sistema lo que deja fuera precisamente a las familias más vulnerables”.

Las familias explican que el sistema se vuelve ineficaz justo en la etapa en la que más necesitan las ayudas, que es cuando los estudios dejan de ser gratuitos. “Tuve que pagar un traductor jurado para que acreditase que mi hijo estaba estudiando con una beca deportiva en la universidad” indicaba Valeria. Así mismo, Civantos señala que se vuelve una pesadilla para las familias, ya que los hijos suelen tener diferencias de edad de alrededor de un año, por lo que suelen acceder de manera escalonada a los estudios superiores y las renovaciones son constantes.

Soluciones insuficientes

A finales de abril, la Secretaría General de Familias redactó un comunicado en el que se recogían las medidas que se habían puesto en marcha desde 2019 para mejorar y simplificar la tramitación de los carnés. Ante esta, la Federación envió una nota respondiendo en la consideraban que “las propuestas y acciones no funcionan como deberían ya que son soluciones temporales”.

El organismo público recogía en el documento que habían prorrogado el contrato a 33 profesionales interinos y que los 44 funcionarios estaban prestando servicios extraordinarios para reducir el tiempo de espera. Los afectados consideran que estos “planes de choque” no son eficaces, ya que sirven para un tiempo determinado y que después se vuelve a acumular el trabajo. Así mismo, explican que la incorporación de los interinos provoca que se comentan más errores en los informes y que un funcionario emplee su tiempo en enseñar a estos. De esta manera, la Federación exige que se realice de forma urgente la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que dote al servicio del personal necesario. La Federación estima que la plantilla fija dedicada a este servicio en Málaga abarca unos 3 o 4 trabajadores.

Otra de las soluciones aportadas por la Consejería de Salud y Familias fueron los avances en el Sistema informático soporte de la gestión (SISS) destinados a facilitar la interoperabilidad de los distintos sistemas de información de las distintas Administraciones Públicas que emiten documentación necesaria para la tramitación del título. La Federación explica que a través del Sistema tienen acceso a los datos de Hacienda, el Padrón y el DNI, pero que deja fue el Número de Identificación de Extranjero (NIE) y los datos universitarios, los cuales son imprescindibles para la renovación.

Por último, consideran que la incorporación del título a la Carpeta Ciudadana tampoco resuelve el retraso. En primer lugar, porque es personal, por lo que obliga a que cada miembro de la familia tenga Certificado Digital o Clave Pin para acceder a ella. En segundo lugar, porque lo que ofrece este servicio es acceder al carné una vez haya sido renovado, pero no aparece la resolución en la que figuran todos los miembros. “El retraso se origina en el tiempo que transcurre desde que se hace la solicitud y se resuelve. Una vez resuelto, se tarda lo mismo en poner un SMS al solicitante para que lo vaya a recoger que en subirlo a la Carpeta Ciudadana”, recogen en esta nota de contestación.

Tanto la Administración como las familias afectadas coinciden en que se debe solicitar al Gobierno la reforma de la Ley nacional de familias numerosas para adaptarla a las necesidades actuales.