El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Óscar Pérez, ha acordado la puesta en libertad de tres abogados y un asesor fiscal, a los que imputa un delito de blanqueo de capitales, que han declarado hoy por una pieza separada del Caso Malaya, según han señalado fuentes judiciales.

En dicho procedimiento, el magistrado investiga las presuntas dádivas a través de inmuebles que un constructor habría realizado al ex asesor urbanístico del Ayuntamiento Juan Antonio Roca, así como la supuesta participación de otras personas en un delito de blanqueo.

El instructor del caso ordenó en septiembre de 2007 abrir una pieza separada de la causa principal contra la corrupción municipal en virtud de un informe policial sobre la supuesta intervención de personas vinculadas a la estructura societaria de Roca en hechos delictivos relacionados con el Caso Malaya.

En este informe, al que ha tenido acceso Efe, los investigadores establecen la presunta intervención en un delito de blanqueo de una decena de personas, entre las que se encuentran Antonio y Eduardo Abril, Celso Dema y Juan Ramón Galán, los cuatro imputados que han comparecido hoy ante el juez.

Según la Policía, los dos primeros, responsables del despacho Abril Cumpian, habrían sido supuestamente "partícipes en la ocultación de la estructura societaria" de Roca "como colaboradores en el blanqueo de sus fondos".

El abogado defensor de Antonio y Eduardo Abril, Juan García Alarcón, ha confirmado hoy a su salida de los juzgados que sus clientes se encuentran imputados por un delito de blanqueo de capitales y que el juez instructor del caso no ha adoptado medidas cautelares en relación con ellos tras tomarles declaración.

El informe policial establece además que Celso Dema es administrador único de la sociedad Invest Arcela, "mercantil ineludiblemente vinculada" a Roca, y apunta que Juan Ramón Galán es asesor fiscal del constructor Máximo Filippa, también imputado en el procedimiento.

El documento refleja que Filippa es presuntamente responsable de un delito de cohecho y otro de blanqueo de capitales al haber entregado como dádiva al ex asesor urbanístico un apartamento a fin de que éste "facilitara sus actividades inmobiliarias".

A juicio policial, "existen indicios suficientes que apuntan que la dádiva la componían en su totalidad dos apartamentos con sus plazas de garaje y trasteros valorados en conjunto, según precio que consta en escritura, en más de 1,6 millones de euros".

Además de los cuatro imputados, hoy estaba previsto también que declarara ante el juez en calidad de testigo el empresario Jesús Bravo, administrador mancomunado de la sociedad Aragonesa de Finanzas Jacetanas, aunque su comparecencia ha sido aplazada.