Málaga

Marina Bravo debería haber pedido más ofertas antes de contratar a la empresa de su cuñado

  • La Diputación inicia un procedimiento para dar audiencia a la diputada y determinar si existe o no dicho conflicto

La diputada de Medio Ambiente, Marina Bravo, en el centro. La diputada de Medio Ambiente, Marina Bravo, en el centro.

La diputada de Medio Ambiente, Marina Bravo, en el centro.

El informe de la Secretaría General de la Diputación de Málaga sobre las contrataciones realizadas por el Área de Medio Ambiente dirigida por Marina Bravo a la empresa del hermano de su pareja, en la que también trabaja él, no concluye claramente si hay o no conflicto de intereses pero sí considera que, aún tratándose de contratos menores, "debería haberse acudido a solicitar al menos dos ofertas o presupuestos más".

Así, el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, considera que de esta manera se garantiza "la imparcialidad, transparencia, integridad y concurrencia en las contrataciones". No obstante, al ser contratos menores no se infringiría ninguna normativa al respecto pero sí sostiene la habilitada nacional que el administrador único de la empresa es "pariente en segundo grado de afinidad" puesto que, legalmente, la relación de convivencia afectiva es equiparable al cónyuge. A partir de ahí incluye en el documento diferentes casos, la jurisdicción al respecto y las dificultades para determinar si hay o no conflictos según los casos.

Pese a que en el documento señala que, según la relación de parentesco, se estaría "a priori en un supuesto en que podría concurrir un conflicto de intereses en la contratación", en sus conclusiones insta al presidente de la institución, Elías Bendodo, a acordar el inicio de un procedimiento contradictorio para determinar si existe o no dicho conflicto de intereses.

De esta manera se deberá dar audiencia a la diputada de Medio Ambiente, Marina Bravo, y, previo informe de los Servicios Jurídicos, "declarar la existencia o inexistencia de conflicto de intereses y posible apreciación de la prohibición de contratar de la empresa" del cuñado de la dirigente provincial.

En este sentido, tras conocer el informe, este mismo lunes el presidente de la Diputación ha emitido un decreto en el que incoa ese expediente contradictorio a la diputada de Medio Ambiente para que se "garantice la audiencia de la interesada" y que permita determinar si hay o no conflicto de intereses por los contratos menores realizados con la citada empresa.

La jefa de servicio de Presidencia será la instructora del expediente y se da un plazo de diez días, desde el día siguiente a la comunicación de la resolución adoptada, para que Bravo formule las alegaciones y presente la documentación que considere oportuna.

Sí concluye la secretaria de la Diputación es que Marina Bravo, como diputada delegada de Medio Ambiente y Promoción del Territorio, es el órgano competente por delegación en los contratos menores, tanto en la tramitación de expedientes de gastos con carácter previo a las fases de ejecución presupuestaria como en cuanto al reconocimiento, disposición y compromiso del gasto. 

Este informe fue solicitado por el presidente de la institución, Elías Bendodo, en el pleno del pasado 29 de enero y durante este tiempo los grupos de la oposición, especialmente PSOE y Ciudadanos, han reclamado conocerlo e incluso mostraron sus dudas sobre si se había solicitado formalmente.

La secretaria expone en su documento que ese mismo 29 de enero Bendodo emitió una nota interior donde instaba a la Secretaría a emitir un informe para conocer si concurría o no conflicto de intereses, dada la "controversia suscitada" en el pleno.

También se requirió al Servicio de Medio Ambiente un informe con los antecedentes sobre las contrataciones con esta empresa desde 2015 hasta la actualidad así como la relación de parentesco, funciones y cargo que el familiar desempeña en la empresa.

Esta información fue recibida por la habilitada nacional el 7 de febrero, aunque posteriormente se solicita una ampliación que se remite el 19 del mes pasado.

En la primera comunicación, el jefe de servicio señala que Bravo "está divorciada con anterioridad a 2015 y no tiene ningún familiar en la empresa con la que se contrata". No obstante, aclara que conoce de la relación afectiva con el hermano del dueño de la compañía pero que éste "nunca ha participado en alguna reunión de trabajo entre la empresa y la Delegación de Medio Ambiente aunque sí es una de las personas a las que se comunica la aceptación del presupuesto y se le informa de la documentación a aportar así como normas para una futura facturación correcta".

En el documento, la secretaria general alude a la modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que es a partir del 22 de octubre de 2015 cuando se atenderían los contratos realizados, al ser en ese momento cuando entra en vigor.

Por todo ello, y tras incoarse el expediente contradictorio a la diputada de Medio Ambiente y Promoción del Territorio, habrá que esperar a conocer, con un informe precio de los servicios jurídicos de la institución provincial, si en este caso hay o no conflictos de intereses y prohibición de contratar con la empresa donde trabaja la pareja de Bravo.

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