La ley sobre la muerte digna promovida por la Junta empieza a recibir sus primeras críticas. Era de esperar que una ley en la que prevalece la voluntad del paciente frente a los criterios médicos encendiera el debate, máxime si de por medio hay sanciones de hasta un millón de euros.

La reciente aprobación del anteproyecto ha posicionado a los médicos en contra. De hecho, los facultativos reclaman que se contemple en la norma la objeción de conciencia del profesional. Una medida mediante la cual un médico puede retirarse en caso de que sus criterios no prevalezcan sobre el paciente. "Yo tengo que tener una salida al conflicto que no se contempla en esta ley. Poder retirarme del caso sin esconderme y sin amenazas de sanción", explicó el presidente de la comisión deontológica del colegio, Joaquín Fernández.

El documento ha sido catalogado por el colegio de innecesario, confuso e indefenso para el profesional. Calificativos no le faltan. A la objeción de conciencia se suman las sanciones y el conflicto deontológico que plantea una confrontación entre el criterio médico y la autonomía del paciente. Y aquí es donde empieza el debate. "En esta profesión, que tiene un marcado componente ético, nos sorprende que no se deje opción a la posibilidad de la objeción de conciencia, la cual sí está recogida en la Constitución", afirmó el presidente del colegio, Juan José Sánchez Luque.

La ley, que de seguir su curso comenzará a aplicarse a finales del 2009, obligará a todos los centros ya sean públicos, privados o religiosos, a prevalecer la decisión del paciente por encima de los criterios médicos. Esta medida incluye la posibilidad de que los enfermos terminales puedan rechazar un tratamiento aunque eso ponga en riesgo su vida, así como su derecho a recibir información para la toma de decisiones.

Todo esto, no obstante, no debe confundirse con la eutanasia activa que consiste en provocar la muerte mediante medicación y que queda fuera de esta ley ya que está tipificada como delito por el Código Penal.

El Colegio de Médicos, por su parte, prepara alegaciones y enmiendas para intentar corregir algunos puntos de la ley que permitan alcanzar una conciliación entre las distintas partes. "Vamos a atacar frontalmente al sistema de sanciones, ya que es desproporcionado e innecesario porque parte de una premisa básica errónea, ya que considera al profesional médico como el culpable de que esto no se lleve a cabo" aseguró el asesor jurídico, José Enrique Peña. Los médicos creen que esta ley está condenada al fracaso porque no es clara, además, critican que un caso particular que sale en los medios no representa a todos los enfermos, en referencia a la paciente terminal Inmaculada Echevarría que denunció en televisión su derecho a una muerte digna.

En este sentido, el jefe de la unidad de dolor del Hospital Clínico, Francisco Linares afirmó que "nunca han recibido peticiones de este tipo en Málaga" y que, por tanto, " esta ley no responde a una demanda social ni sanitaria".