¿Están obligados a desalojar sus casa y pueblos los vecinos afectados por la lluvia?

Los cerca de 2.000 vecinos de Grazalema han sido desalojados de sus viviendas, y trasladados a Ronda, ante los riesgos provocados por las intensas lluvias de los últimos días. En la provincia, una veintena de familias se vieron en la misma situación ante el desbordamiento de los ríos Guadalcobacín y Guadiaro. Ahora bien, ¿estas personas están realmente obligadas a desalojar sus viviendas y poblaciones?

La respuesta corta es sí, en situaciones de emergencia como las que se están viviendo actualmente en Andalucía, la autoridad competente ordena el desalojo de personas, estos deben

Legislación sobre los desalojos ante emergencias

La Ley 17/2015, de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil es la base legal de la ordenación de desalojos obligatorios en situaciones de emergencia. Esta normativa establece que las autoridades competentes pueden adoptar medidas de evacuación y alejamiento de personas cuando exista un riesgo grave para su seguridad, como en casos de inundaciones, incendios forestales o erupciones volcánicas.

Dicho reglamento señala que la orden de desalojo es de obligado cumplimiento y que la resistencia o desobediencia puede dar lugar a sanciones administrativas, que pueden ascender de los 30.000 a los 600.000 euros de multas, al considerarse de carácter muy grave.

En Andalucía, esta medida se encuentra regulada en la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, que faculta a la Junta a ordenar evacuaciones preventivas u obligatorias cuando exista peligro para la población. Esta norma también prevé sanciones para quienes incumplan las órdenes dictadas por los servicios de emergencia. En este caso, la multa podría ir de los 150.0001 a los 600.000 euros, y también está considerada una infracción grave.

Los vecinos y habitantes de algunas poblaciones andaluzas se han visto en esta situación de peligro ante las últimas lluvias, donde estas no solo han provocado desbordamientos, que en algunos casos han incomunicado poblaciones enteras, también los desprendimientos en zonas de montaña, que además de carreteras, también han afectado a las conexiones por tren.

A la normativa autonómica mencionada anteriormente, se suma también los planes especiales de protección civil, como el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, que concreta los protocolos de actuación, los niveles de emergencia y las medidas de evacuación según la gravedad del episodio.