A la segunda va la vencida. O eso al menos parece en el caso de Cubo, futura sede del Centro Pompidou en la capital de la Costa del Sol. La obra en el interior del inmueble, activa de manera irregular durante diecisiete días, volvió ayer a la senda de la normalidad. Lo hizo eso sí tras permanecer paralizada durante casi tres semanas, justo las transcurridas desde que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria obligase a la Gerencia de Urbanismo a detener las actuaciones en el inmueble cultural hasta tanto en cuanto no se realizasen las mediciones necesarias para tasar y valorar económicamente la construcción. Superado este trámite indispensable a finales de la pasada semana, ayer mismo los operarios de la adjudicataria del proyecto, integrada por las empresas Dragados y Naxfor, regresaron al tajo.

El paso adoptado pone el punto y seguido a una intervención marcada por la polémica y la actuación municipal, cuyos responsables ocuparon el edificio e iniciaron las tareas de adecuación aún sin disponer de la autorización por parte de la Autoridad Portuaria. Incluso, desoyeron la reclamación que formalmente, mediante el registro de un escrito en Urbanismo, hizo el Puerto para que los trabajos se parasen tres días después de su comienzo.

Finalmente, ante la presión ejercida por el propio Puerto, la Abogacía del Estado y el informe emitido por Puertos del Estado, el Consistorio acató la exigencia de detener la actuación en el Cubo. Como contraprestación a la cesión municipal, el Consejo de la Autoridad Portuaria rebajó los trámites inicialmente previstos para permitir las obras y condicionó el reinicio de las mismas a que el organismo Segipsa realizase las mediciones necesarias del inmueble para su tasación económica.

La recuperación de la actividad, que ayer motivó una reunión entre representantes municipales y del Puerto para coordinar las acciones a realizar, mantiene intacto el calendario programado por el equipo de gobierno del PP y el Centro Pompidou para que la apertura del museo tenga lugar en los primeros meses del año próximo. La oferta de las empresas constructoras finalmente seleccionada fija en cinco meses el desarrollo de los trabajos de adecuación, con un presupuesto de algo más de 3,8 millones de euros. En este mismo plazo se incluyen las tareas propias del proyecto museográfico, cuyo coste se estima en otro millón de euros, aproximadamente.

Con estos parámetros no es descartable la culminación de las actuaciones a lo largo de febrero del año que viene. Ello permitirá al alcalde, Francisco de la Torre, tener listo su proyecto estrella para el presente mandato en la antesala a las elecciones municipales del mayo. "Entiendo que los plazos se mantienen, lo sabremos en las próximas horas, los próximos días, después de la reunión de los técnicos nuestros, después también de la etapa de vacaciones, donde ha habido siempre alguien al frente de los temas de proyectos de Arquitectura y la reunión con los técnicos de la empresa", expresó ayer el regidor.

El reinicio de los trabajos se produce apenas días después de que el acuerdo entre el Ayuntamiento de la capital y el Centro Pompidou para albergar en el Cubo la primera sede del museo fuera de Francia fuese presentado formalmente en París.

Más allá de la prontitud con la que se ha materializado la autorización para la continuidad de la adecuación del Cubo, se prevé que el acuerdo final que permita otorgar la concesión administrativa al Ayuntamiento se demore aún algunas semanas. Al respecto, fuentes próximas al trámite indicaron que para que tenga lugar ese movimiento antes se ha de disponer del informe de valoración del edificio cultural que está elaborando el organismo Segipsa y que, según las fuentes, podría estar finalizado a finales de mes o principios de octubre.

A partir de ahí será preciso contrastar las conclusiones del documento con la valoración realizada por la promotora del centro comercial, Muelle Uno, responsable de la construcción del inmueble. Solventados estos trámites se procedería a convocar al Consejo de la Autoridad Portuaria, sobre el que recae la responsabilidad para aprobar la citada concesión. La misma tendría un periodo inicial de 35 años, que podría ser ampliable.