Funcionarios de la Agencia Tributaria han ratificado que en la operación Crucero Banús, investigada en el caso Malaya, contra la presunta corrupción en la localidad malagueña de Marbella, se utilizaron fondos que permanecían ocultos a la Administración Tributaria, los cuales afloraron gracias a ésta, y también que se usaron ganancias de patrimonio no justificadas.

Dos funcionarios han declarado como peritos en este juicio contra la supuesta trama, en concreto dentro del bloque relacionado con dicha operación por la que están acusados, entre otros, el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca; el ex edil Pedro Román; el ex comisario Florencio San Agapito, y el letrado Juan Hoffman.

Los peritos han asegurado que la sociedad constituida en Suiza con la que se desarrolló esta operación inmobiliaria, denominada Lispag, era "una sociedad meramente instrumental al servicio de la ocultación" y han explicado el destino de los fondos de la cuenta habilitada a nombre de dicha entidad en España y los ingresos que se realizan a uno de los socios.

Los funcionarios han contestado a las preguntas del ministerio fiscal y han detallado también las cuentas de los diferentes socios para la creación de Lispag. En el caso de Roca, han señalado que la aportación de unos 91 millones coincide con tres cheques, pero han indicado que no les consta la existencia de un cuarto cheque, como afirmó en su declaración Roca.

Además, han precisado que "ninguno" de los participantes en la sociedad "presentó declaración" a la Agencia Tributaria, salvo "las complementarias presentadas" por San Agapito y han asegurado que existen argumentos suficientes para considerar que dicha sociedad pertenece a esos cuatro acusados y no a las personas que aparecen como fiduciarios.