La emergencia del coronavirus está poniendo a prueba a las universidades y, con ellas, a sus alumnos y docentes que han tenido que adaptar la actividad habitual presencial a los medios virtuales de un momento a otro. La Junta de Andalucía y los rectores de los centros universitarios de la comunidad han acordado este jueves que los alumnos no vuelvan a pisar las facultades en lo que resta de curso, una medida que aboca a una metodología online hasta ahora poco usada y que deja dudas sobre la evaluación y otras actividades, como las prácticas. 

Ante esta situación, el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, se ha pronunciado para garantizar "que vamos a finalizar el curso en las mejores condiciones" y que "los alumnos nos van a ser los damnificados de este proceso tan difícil y complicado". 

A su juicio, el acuerdo entre la Administración regional y los rectores de las 10 universidades andaluzas "viene a dar certidumbre dentro de esta situación tan difícil y con unas perspectivas tan oscuras". "Desde este punto de vista en el que resolvemos mantener la docencia online en lo que queda de curso, podremos poner en marcha y fortalecer todo el trabajo que se ha hecho durante este tiempo. Las universidades públicas andaluzas son universidades presenciales que hemos pasado a la enseñanza online con el esfuerzo de profesores y alumnos en un corto tiempo pero tenemos que preparar de forma adecuada algunos aspectos relacionados con la evaluación y otro tipo de actividades académicas necesarias", ha aseverado.

El rector reconoce que hay "poco tiempo de curso" y que es necesario "fortalecer estas herramientas para asegurar que la formación de los estudiantes se realiza en las mejores condiciones". Con este objetivo, la Junta y los rectores han acordado establecer un marco general "que implicar aspectos de flexibilidad que podamos esgrimir para programar el curso", ha explicado.

Según Narváez, la UMA ya trabaja para "establecer las normas y las estrategias para llevar adelante la evaluación de la forma adecuada" y presentará un documento en un máximo de dos semanas, que será discutido "con los agentes implicados".