Lejos de asumir el pesar por ver cómo el Ayuntamiento de Málaga no recibirá un euro más de los 70 millones que le restaba por ingresar del convenio de los antiguos suelos de Repsol, el alcalde, Francisco de la Torre, avaló la fórmula finalmente acordada para que la promotora del sector, NovaGaliciaBanco, pague en suelo. El regidor consideró que el mecanismo finalmente articulado en la negociación que desde hace meses mantiene la Gerencia de Urbanismo con la firma privada "demuestra realismo, acercarse a la realidad de las cosas para defendiendo el interés de todos poder desarrollar ese espacio".

La duda, que ni el propio alcalde sabe desvelar aún, es qué representa el techo edificable con el que el socio privado compensa su incapacidad de poner dinero sobre la mesa. La pretensión municipal es la de vender ese aprovechamiento, que se elevará, una vez firmado el acuerdo, a dos tercios de la edificabilidad total del sector, lo que se traduce en unos 118.000 metros. "No sabemos cuántos recibiremos, es el mercado el que manda", dijo, al tiempo que admitió la posibilidad de aplazar cualquier operación de enajenación a la espera de ver cómo evolucionan los valores inmobiliarios.

A ello sumó una carga crítica contra los grupos de la oposición, que desde la firma del convenio, a mediados de 2006, denunciaron que con la operación se favorecía a la entonces propietaria del suelo, Comarex. "Nunca han dicho la verdad en este tema", denunció el alcalde, que ayer explicó que la decisión de triplicar la edificabilidad de este terreno (permitiendo más de 1.331 viviendas, 399 de protección oficial) era en beneficio de la ciudad. "Lo que hacemos ahora es recuperar nuestra edificabilidad, siendo el propietario mayoritario del sector", apuntó.

La opinión del regidor no es compartida por el principal grupo de la oposición en la Casona del Parque, el PSOE. El concejal socialista Carlos Hernández Pezzi dudó de que esta modificación del acuerdo inicial vaya a beneficiar al Ayuntamiento. "La sensación que tenemos es que los promotores no van a perder dinero, ya que lo que hacen es cambiar una edificabilidad sobreelevada, a un precio de otro momento y nos tememos que si se aplican precios actuales eso irá en detrimento del Ayuntamiento". Desde Urbanismo se aclara que se disponen de informes de valoración, según los cuales la edificabilidad que se entrega es justo la precisa para alcanzar los mencionados 70 millones que quedan por abonar.

En la misma línea, el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, criticó la actuación del equipo de gobierno en este asunto. Si de un lado lamentó que se opte por aumentar la densidad residencial en una zona ya de por sí saturada, de otro, destacó la imagen "lamentable" que está dando el Ayuntamiento. "Ahora resulta que les pagan con terrenos", afirmó, a lo que añadió: "Se supone que un convenio tiene como fundamento el recibir dinero, y ahora recibe lo que ha dado, que son aprovechamientos; es disparatado".