El último golpe a un club de cannabis de Puerto de la Torre en Málaga: droga en mesas de billar y en falsos enchufes
La Policía Local considera que la asociación "favorece y promueve" el tráfico de estupefacientes y detiene a tres personas, dos de ellas reincidentes
Ofensiva policial contra los clubes cannábicos de Málaga: "Muchos son un gran negocio para traficar con droga"
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El último club de cannabis que la Policía Local ha clausurado en Puerto de la Torre escondía droga en mesas de billar y en falsos enchufes. Según la investigación policial, la asociación "favorecía y promovía el tráfico de sustancias estupefacientes con ánimo de lucro". Incumplía, además, cuatro decretos de cierre, de dos años, que se le había impuesto.
A la quinta ha ido la vencida, aunque el día de su caída los responsables no se lo pusieron fácil a los investigadores. Los encargados se negaban a facilitar el acceso y llegaron a colocar un palo grueso de madera a modo de puntal para obstaculizar la apertura de una segunda puerta blindada. Para entrar, fue necesaria la intervención de un equipo del Grupo Operativo de Apoyo (GOA), que acabó derribando la puerta. La actuación se saldó con tres detenidos.
En el momento de la entrada, los agentes al mando del operativo policial comprobaron de primera mano ocultaba droga en el interior de una mesa de billar u oculta en una caja fuerte tras una pared ubicada detrás de un falso enchufe doble. Encontraron más de 900 gramos de marihuana y hachís que el club ocultaba en el interior de una mesa de billar u oculta en una caja fuerte tras una pared ubicada detrás de un falso enchufe doble. Intervinieron también 0,33 gramos de MDMA y otros productos que contenían THC, tales como 15 paquetes de gominolas, 76 vapers y 32 dulces; así como diversos útiles para el corte y pesado de las sustancias.
Dos personas fueron detenidas como presuntos autores de un delito contra la salud pública como responsables de una asociación procannábica que "favorece y promueve el tráfico de sustancias estupefacientes con ánimo de lucro". Uno de los arrestados ya era un conocido de la Policía, que lo había engrilletado en dos ocasiones anteriores por los mismos hechos meses antes.
La actuación, que se enmarca en la Operación Tapadera, coordinada con la Policía Nacional, ya culminó con la detención de ocho personas y la incautación de más de seis kilogramos de hachís y otros productos que contenían derivados del cannabis y la intervención de 4.518,73 euros. En paralelo, en los casos de falta de declaración responsable de actividad o que la misma no se ajusta a lo declarado se decretó el cierre y cese de actividad de cuatro locales procannábicos por parte del Ayuntamiento, a través del Área de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial. La Policía Local establecí así un seguimiento para la vigilancia de su cumplimiento.
Detenido un joven de 18 años en otro club de cannabis en Camino de la Térmica
Por otra parte, agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga han intervenido recientemente en otro establecimiento procannabis ubicado en Camino de la Térmica. Allí detuvieron al supuesto responsable, un joven de 18 años. El club, presuntamente, vendría droga a menores que fingía ser mayores de edad. Los agentes identificaron a un adolescente de 17 años que poseía un carné de socio con una fotografía de su DNI que, supuestamente, había manipulado para falsear el mes de su fecha de nacimiento. De esta forma, hacer creer que había rebasado ya los 18.
Los policías encontraron un total de 222,05 gramos de marihuana y hachís, 4 cigarros mezclados con marihuana, e intervenido 334 euros y otros útiles. Se da la circunstancia de que este local también era reincidente. En el pasado mes de marzo ya se instruyeron diligencias por un presunto delito contra la salud pública.
La Policía Local destaca que, desde enero de 2014, en una labor pionera en España, el GIP investiga a estas asociaciones procannábicas. Entonces, la confesión de un joven que fumaba marihuana en la calle llevó a los policías a tirar del hilo. Había comprado la droga en una asociación pro cannábica del barrio malagueño del Soho. Después, comenzaban a aflorar por toda la geografía española. Los primeros policías descubrieron que muchos de estos clubes –sucesores de los coffee shop de Ámsterdam en la hegemonía europea– eran, en realidad, una tapadera de su verdadero objetivo: traficar con marihuana y hachís.
Sólo durante el año 2018 fueron más de 30 los atestados penales instruidos con distintos clubes. Con la creciente aceptación social del cannabis, las asociaciones que lo defienden están proliferando bajo la premisa de cumplir con los requisitos legales. Sus estatutos recogen -casi exclusivamente- lo relativo a los cursos y charlas para plantar marihuana. Y de ahí que la Policía haya intensificado su control y las inspecciones, basando su estrategia en horas de vigilancia en las entradas y salidas de los locales y la identificación de los consumidores. Así, han averiguado que en Málaga capital operan un total de ocho clubes. Cuatro de ellos se han podido cerrar definitivamente con droga incautada, dinero y detenciones. Los otros continúan abiertos, pese a los múltiples apercibimientos de los investigadores. “Se resisten; no hay forma de acabar con estas asociaciones. Lo que se persigue es el negocio de venta de estupefacientes. Cada vez hay más y son un gran negocio a manos de extranjeros con antecedentes por narcotráfico”, aseveran investigadores implicados en estos casos.
El vacío en el que operan estas asociaciones encarna el agujero legal en el que se mueve el consumo de marihuana en España. Y a ello se añade que aquí no se permite el consumo de estupefacientes en ningún local. CBD, también conocido como cannabis o cáñamo, es la única sustancia que se pueda comprar legalmente.
Las reglas de acceso
En otros puntos de la geografía, dependiendo del club y de su exclusividad piden determinados requisitos. El principal, acreditar la mayoría de edad y entregar el DNI para que en el local se haga una copia. Después, el pago de una cuota que ronda los 10 euros mensuales. También estipulan normas estrictas: no se permite sacar la marihuana del establecimiento y el cliente deberá depositarla en una taquilla cuando decida salir. Los inscritos no pueden comprar e irse. En el reglamento figura cómo el objetivo no es proporcionar la droga, sino fomentar lo social del establecimiento. Hay otras entidades que no están al alcance de cualquiera. En algunas es un requisito indispensable conocer a alguien que ya esté dentro de la asociación para formar parte. Una estrategia para garantizar que sólo accedan clientes de confianza que guarden el secreto de lo que se cuece dentro. En otros, donde pulula una variopinta tropa de promotores para extranjeros y camellos nada disimulados del menudeo, la publicidad en sus inmediaciones es inexistente.
En Málaga, sin embargo, estas normas de acceso no rigen en todos. En la mayoría, para acceder únicamente se exige un documento con los datos personales. Algunos cobran el alta de socio y, después, la droga que venden. “Entenderíamos que se tratara de una asociación si hubiera un número identificable de socios, un control de la entrada y de la entrega de la sustancia, además de un registro documental y económico con las cuotas”, afirman investigadores bregados en esta batalla contra los clubes tapadera. Otra de las claves está en que la sustancia “se consuma íntegramente” en el local.
Expertos consultados precisan que las asociaciones pro cannábicas “no hacen daño siempre que cumplan esos requisitos”. “Pero con el código penal en la mano y las leyes administrativas no se encuentra su encaje. Lo que más se asemeja a estos locales son los clubes de fumadores y, sin embargo, nadie va a darle una autorización para consumir otras sustancias”, apuntan. Los responsables deben “luchar y pelear por una modificación y que haya un control de la administración”, aseguran quienes conocen bien los entresijos del negocio. Al tiempo, auguran que, en algún momento, a estos consumidores se les ofrecerá “un espacio”, pero para ello será necesario “legislar”. “La falta de apoyo político no les permite hacerlo y la ley tampoco se lo facilita”, remachan.
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