Una víctima de explotación sexual ayuda a destapar una banda en Málaga que blanqueó 9 millones en cuatro años

La operación desvela la magnitud de su negocio. Una banda criminal había acumulado, sólo en cuatro años, un patrimonio ilícito de más de 9 millones de euros en bienes lavando dinero de la explotación sexual en dos prostíbulos, situados en Málaga y Cártama. La investigación permitió liberar a 42 víctimas. El punto de partida fue la denuncia de una mujer que ya había logrado alejarse de ese mundo. Desde otra provincia acudió a la Policía y relató que otras mujeres seguían atrapadas. Su testimonio activó a la Ucrif (Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación) con la operación Gargamel.

Las pesquisas confirmaron que los locales encubrían un sistema estable de prostitución, con ganancias elevadas. Uno de ellos se anunciaba como salón de masajes en Málaga capital. El otro era un club clásico, con infraestructura orientada al alterne. En ambos, las víctimas advertían de un patrón similar: control, vigilancia y amenazas.

El responsable del grupo III de la UCRIF describe en una entrevista con este periódico cómo la organización ejercía un “control total” sobre las mujeres y, el acceso y la salida, supervisado. Varias cámaras de vigilancia monitorizaban zonas interiores y exteriores. Había “amenazas implícitas”: “Les decían que sabían de que tenían familia en sus países de origen”, afirma el investigador.

Las víctimas residían en el mismo lugar donde trabajaban. Sólo una de ellas reconoció haber contraído una deuda. La ausencia de documentación y la irregularidad administrativa del resto las mantenía retenida al grupo criminal. Varias aseguraron que eran forzadas a realizar prácticas sexuales a las que inicialmente se negaban, y que esa coacción las exponía a graves riesgos para la salud, casi siempre sin protección. Los proxenetas las obligaban a incitar entre los clientes el consumo de sustancias tóxicas y potenciadores sexuales para aumentar las ganancias. Algunas llegaban a embolsarse entre 3.000 y 4.000 euros, y otras incluso más.

Cuando la Ucrif confirmó que detrás de la explotación subyacía una estructura con un negocio sumamente lucrativo entró en escena el Grupo II de Blanqueo de Capitales de la Comisaría, que después destaparía también la presunta implicación de profesionales cualificados. Entre ellos, perfiles de alta responsabilidad como un notario, un abogado y un director de banco. Todos pasaron la línea roja. Su función era clave para dar “el halo de legalidad” final al dinero sucio: tramitar compraventas, abrir cuentas, facilitar TPV, montar estructuras fiscales y preparar documentación societaria. “Nunca comunicaron que hubiera indicios de blanqueo. El suyo era un apoyo imprescindible”, detalla la jefa del operativo. Desenmascararlos no fue tarea fácil. “Cuesta mucho que salgan a la luz. Están muy ocultos y actúan desde una posición de privilegio”, remacha.

La operación puso patas arriba un sistema perfectamente diseñado para convertir dinero ilícito en patrimonio legal. En menos de un lustro, la organización habría acumulado 3,5 millones de euros, que se transformaban en bienes inmuebles mediante un complejo entramado empresarial.

El núcleo de la estructura lo formaban cinco testaferros, todos en situación económica precaria, incluso “por debajo del nivel de pobreza”, al punto de “no tener dónde vivir”. En tono a ellos se había construido un esquema de empresas supuestamente dedicadas a la hospelería y la construcción entre otros sectores. En realidad, su función era absorber dinero de los clubes y hacerlo pasar por ingresos legales.

La banda utilizaba siempre la misma notaría, donde se firmaban protocolos de compra-venta y movimientos sospechosos de participaciones empresariales. Los investigadores subrayan la dificultad creciente de seguir el rastro del dinero, que se acaba “diluyendo en algunos lugares de Extremo Oriente”. “Detectamos que, a veces, la explotación sexual se hace aquí pero blanquean el dinero en países de origen. Otras veces es al revés. Es un reto enorme poder investigar operaciones conjuntas. Surgen muchas dificultades que nos perjudican a nosotros y les beneficia a ellos”, destaca la experta. El reto continúa: criptomonedas, movimientos internacionales y la coordinación judicial con países de origen ponen serias trabas. “Se reinician si no se les ataca económicamente. Por eso es más importante, a veces, acabar con la trama económica que con la delictiva”, explican.

Las organizaciones, coinciden los responsables de Ucrif y Blanqueo, “se reinventan”, con hasta “departamentos jurídicos propios”. Para ambos, lo relevante del caso es haber desmontado no solo los puntos donde se explotaba a las mujeres, sino el sistema económico que posibilitaba el negocio. “Si el dinero no se le retira, no estamos haciendo nada”, asevera la policía al mando del grupo de Blanqueo.

Tras un año de “duro trabajo”, la operación ha puesto contra las cuerdas una banda que logró consolidar un patrimonio millonario. Y ello demuestra que, pese a las dificultades, en palabras de la Ucrif, la justicia llega”.

“Algunas víctimas recaen para ayudar a su familia”

La explotación sexual, recuerdan los investigadores entrevistados, no es delito en sí misma, lo que añade dificultad a la lucha policial. Señalan la necesidad de concienciar a clientes y sociedad sobre la realidad que soportan las víctimas. La mayoría de ellas llegan con necesidades económicas extremas y responsabilidades familiares. Una vez liberadas, algunas recaen incluso después de desmantelar la organización que las tenía atrapadas. “En sus países, lo que aquí es una miseria de dinero puede significar que su familia coma o acceda a tratamiento médico”, explica el jefe del Grupo III de la Ucrif, que a renglón seguido llama a la concienciación social del consumidor final: “Detrás de cada servicio hay una víctima y un negocio millonario”.