El Juzgado llama a Nozal para cotejar su firma por el 'caso cajero'

El Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella ha llamado al exalcalde de Mijas y candidato por el PP a las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, Ángel Nozal, a cotejar su firma en el denominado ‘caso cajero’, donde presuntamente habría firmado un contrato de alquiler en representación de la comunidad de propietarios de Cabopino de Marbella sin autorización para ello en calidad de administrador de fincas, según ha denunciado un grupo de vecinos.

El popular, que la pasada semana anunció que abandonaba la política tras el pacto sellado en Mijas entre el PSOE, Ciudadanos y Por Mi Pueblo para gobernar el Ayuntamiento de la localidad durante los próximos 4 años, ya acudió el pasado 5 de junio a los juzgados de Marbella para declarar en calidad de “investigado” por la referida causa.

Así, la jueza ha vuelto a emitir una nueva citación y Nozal está llamado a comparecer en sede judicial “a través de su representación legal” mañana jueves, 15 de junio, a las 10:00 horas, “al objeto de llevar cabo el cotejo de la firma en la secretaría de este Juzgado”, según la citación a la que ha tenido acceso este periódico.

Contra la resolución cabe interponer “recurso de reforma en el plazo de 3 días o recurso de reforma y subsidiario de apelación, en el mismo plazo a contar desde el siguiente a su notificación”, que tuvo lugar el pasado 8 de junio.

El caso deriva de la denuncia interpuesta por un grupo de vecinos de la comunidad de propietarios de la urbanización Cabopino de Marbella en octubre de 2022 contra Nozal, al haber firmado presuntamente un contrato de arrendamiento para la instalación de un cajero en la zona, supuestamente en calidad de administrador de fincas y en representación de la comunidad sin autorización de la junta de propietarios para ello, al no ejercer como tal por aquel entonces, algo que el exalcalde negó a este periódico el pasado mes de mayo.

En la denuncia, los vecinos exponen “hechos que pueden suponer presuntos actos constitutivos del tipo penal de estafa, apropiación indebida y administración desleal, entre otros”, y que califican como “presuntos delitos contra el patrimonio de la comunidad de propietarios”, un asunto que se dirime en los juzgados de Marbella.

En concreto, el documento señala que presuntamente “Ángel Nozal, en fecha 1 de diciembre de 2017, actuando en supuesta representación de la comunidad de propietarios de Cabopino, firma un contrato de alquiler de cajero automático con la mercantil Euro automatic cash entidad de pago S.L”, denunciando los comuneros que por aquel entonces “no figuraba como administrador de la comunidad”. A ello agregan que, por lo tanto, “no existe facultad, ni autorización expresa por parte de la Junta de propietarios que autorice al denunciado a firmar”, ya que en aquel año fue “nombrada para este cargo” su mujer, Michelle van Gaalen, que también está siendo investigada por un juzgado de Marbella por un presunto delito contra el patrimonio de la comunidad de propietarios de Cabopino.

Por otro lado, la denuncia recoge que “el precio fijado como contraprestación por el alquiler es de 400 euros al mes”, mientras que apunta conforme a los resúmenes contables y financieros aprobados en Junta de propietarios desde el 2017 hasta el 2022, que en los ingresos por concepto de arrendamiento hay supuestamente “una pérdida de 12.311,43 euros”.

Nozal niega que haya firmado el contrato

Por su parte, Ángel Nozal negó el pasado mayo que haya firmado el contrato de alquiler con la entidad: “Yo no firmé el contrato. Lo firmó el presidente, Gianni Fieno”, declaró a este periódico, siendo éste último también citado a declarar en “calidad de testigo” el próximo 19 de junio, a las 11:30 horas, en el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella.

Según defendió Nozal ante la magistrada el pasado 5 de junio, “no es su firma” la que figura en el contrato de alquiler del cajero, aunque reconoció que “aparece su nombre porque se hizo un corta y pega del contrato de 2002, y que de ahí venía el error”, según destacó el abogado defensor de los vecinos denunciantes, que estuvo presente en la vista oral, Antonio Jesús Doblas.

El propio Nozal aseguró a este diario que “el Banco Popular, ahora Santander, envió una renovación del contrato a la comunidad en el que ponía mi nombre como representante de la misma, no siéndolo y el presidente firmó como representante de la comunidad”. Además, señaló no ser “el administrador de Cabopino desde 2010".

“Mi firma, por tanto, no figura en ningún sitio porque en esa fecha yo ya no era el representante de la misma. El contrato anual era de unos 3.000 euros que el banco ingresaba mensualmente en una cuenta corriente de la comunidad en el propio banco del Santander”, aseguró.