En medio de una gran expectación y no exento de críticas por su pasado radical, el izquierdista Yehude Simon deberá recuperar la credibilidad en el Gobierno, paliar los efectos de la crisis financiera, y hacer frente a la amenaza del terrorismo en Perú.

Estas tareas le fueron encomendadas por el mandatario Alan García, quien al tomarle el juramento como nuevo presidente del Consejo de Ministros, le pidió que luche activa y preventivamente "contra la amenaza de la corrupción".

El político de izquierdas, que en la década de los años noventa estuvo ocho años preso por apología del terrorismo, inició su gestión con un gabinete con pocas remodelaciones con respecto al Ejecutivo recientemente dimitido de Jorge del Castillo.

Simon colocó a seis nuevos ministros, mientras que otros diez continuaron en el cargo, entre ellos en los estratégicos despachos de Economía, Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Defensa. Esto tiene mucho que ver con la intención de mantener a los equipos que afrontan la crisis económica internacional y la lucha contra las acciones del grupo terrorista Sendero Luminoso en el interior del país.

García, que eligió a Simon con la intención de crear un gobierno "de ancha base", le pidió a su nuevo jefe de gabinete que defienda a su país "de la dramática crisis internacional que lo amenaza". También que se concentre en lograr "la erradicación de la miseria y la disminución de la pobreza".

El gobernante, que cambió al anterior gabinete en medio de un escándalo de corrupción, remarcó su certeza de que Simon promoverá "la unión nacional ante estos tres temas".

Hacer frente a estos retos no será fácil para este político que, cuando aún no era reconocido a nivel nacional, manifestó su intención de presentarse a la presidencia del país en 2011.

Elogiado por su gestión en la presidencia de la región norteña de Lambayeque, y líder del Partido Humanista Peruano, sus supuestos vínculos con la izquierda radical han sido tema de debate en los últimos días.

Sus opositores recordaron que fue indultado en el año 2000, tras pasar ocho años en prisión bajo la acusación de apología del terrorismo a favor del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Pese a que en 2002 el gobernante Alejandro Toledo le solicitó perdón en nombre del Estado, representantes del fujimorismo en el Congreso cuestionaron su designación y pidieron que se desclasifique el expediente que le concedió la gracia presidencial.

Simon aseguró que fue condenado injustamente y resaltó su apoyo a la lucha contra el terrorismo, una de las bases sobre las que instalará su gestión, según declaró tras jurar al cargo.

En una presentación ante los periodistas, en la que no aceptó preguntas, prometió luchar contra la inflación y la recesión, "erradicar definitivamente la subversión", y hacer frente a la corrupción.

"Éste es el inicio de una lucha por la transparencia, contra la corrupción y para empezar una nueva era que requieren todos los peruanos", enfatizó.

La designación de Simon y la remodelación del gabinete intentó zanjar la gran crisis política desatada a raíz del escándalo por las comisiones ilegales por concesiones de exploración petrolera.

Esta revelación llevó a la renuncia del ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia; del presidente de la estatal PetroPerú, César Gutiérrez; y a la detención del ex directivo de PerúPetro, empresa encargada de las licitaciones, Alberto Químper.