Hace sólo unos días, leí que la propia fiscalía había pedido al juez que apartase de la última causa judicial –de la multitud con las que se ha ido encontrando– a quien fuera alcalde de Granada, tras de un largo, prestigioso y honesto currículum en la actividad política. Hablo de José Torres Hurtado, quien ha sido diputado nacional, senador, parlamentario de Andalucía, delegado del Gobierno de España en ella y finalmente, alcalde de Granada, todo por el Partido Popular. Sin embargo, Pepe Torres –al que así llamamos los que hace muchos años lo conocemos– tuvo que vivir una experiencia alucinante por sorpresiva, incomprensible y hoy, además, inexplicable y ridícula en un país que se define, en su propia y vigente Constitución política, como un Estado de Derecho, es decir, una nación en la que ningún ciudadano puede ser atropellado impunemente por las propias fuerzas e imperio de las instituciones policiales y judiciales.

En la mañana –casi madrugada aún– del 13 de abril de 2016, agentes de la UDEF –Unidad de Delincuencia Económica y Financiera– llegados a Granada desde Madrid, con una orden judicial para efectuar diversos registros, entre ellos del domicilio particular del alcalde Torres Hurtado, hicieron salir a éste de su casa, en la calle Obispo Hurtado, sin apenas haberle dado tiempo casi para vestirse, detenido por las citadas fuerzas policiales, que habían realizado un tan espectacular como ridículo, extravagante y absolutamente innecesario despliegue de personal, vehículos, luces, sirenas y otros medios en aquella vía pública, en el propio edificio de la casa del alcalde, en edificios colindantes y se dice que, también, en tejados y terrazas cercanos. Todo para detener a un “peligroso” ciudadano del que no se tenía prueba alguna irrefutable de haber cometido nunca delito. Un atropello en toda regla, cubierto en vivo por prensa, radio y televisión.

Pepe Torres, un ciudadano que había accedido democráticamente a la alcaldía de Granada el 14 de junio de 2003, revalidando dos mayorías absolutas sucesivas –con 16 ediles de 27 posibles– y siendo electo alcalde, una vez más, siendo el candidato más votado por los granadinos, aunque en esta última ocasión sin mayoría, fue imputado en un rosario de acusaciones, resultando –literalmente– “cosido a pleitos y causas”, que se han ido ventilado, tras desgajarse unas de otras, en un sinfín judicial que podría volver loco al más templado. Y ahora resulta y acontece que no solo no ha sido condenado por nada, sino que en el último fleco judicial que le podía quedar pendiente, la propia Fiscalía pide al juez que lo saque de esa postrera causa, porque no tiene nada por qué acusarle.

¿Y ahora qué? ¿A nadie le pasa nada? ¿No se pide perdón? ¿Alguien siente mínima vergüenza torera? ¿Tiene la Justicia modo de restituir el atropello? ¿Tenemos que seguir creyendo que este es un Estado de Derecho? ¿Es impune la policía? ¿Alguien me puede responder? ¿O no?