Una vez el alcalde de Málaga Pedro Aparicio me cuestionó por qué desde los medios no habíamos movilizado a la ciudad dada la magnitud de lo sucedido. El regidor socialista acaba de regresar a la capital de un lejano viaje oficial. En su ausencia, había salido ardiendo uno de los 39 tanques de combustible que la empresa Campsa mantenía en sus instalaciones junto al puerto. Varios vecinos de Huelin advirtieron las llamas aquel 24 de noviembre de 1988 y dieron la voz de alarma de madrugada. Se evitó la tragedia. .

El depósito, afortunadamente, se hallaba casi vacío. Horas antes se había trasvasado el líquido. Las instalaciones almacenaban en ese momento cien millones de litros de gasolina. Al alcalde se le colmó la paciencia y exigió el traslado de esos depósitos fuera de la ciudad. Año y medio después se firmaba un convenio. En 1991 también se pactó la salida de los tanques de Repsol en la ronda intermedia. El último barco en descargar petróleo en Málaga atracó en el año 2000. Desaparecieron esas tuberías para transportar hidrocarburos por la ciudad.

Para el puerto fue la ruina. Representaba el 75% de las 8.000 toneladas de mercancía que alcanzaban sus muelles. Después, Málaga se propuso derribar esa frontera que le impedía que el centro urbano conectara con el mar. Una intervención pública propició la transformación de los Muelles 1 y 2. Con hostelería y comercio y no poca disputa por la naturaleza de los locales que se pretendían abrir en el privilegiado espacio. Pero ya primaba la necesidad de la Autoridad Portuaria de obtener ingresos con los que paliar su fuerte desequilibrio económico.

Mal asunto si los responsables del puerto necesitan para sobrevivir fiarlo a negocios ajenos a su actividad y a las operaciones urbanísticas. A un canon y una obra millonaria como sucede con el restaurante Casa de Botes. O los ingresos por alquilar el suelo de la famosa torre. Cuando cuadrar las cuentas prima sobre cualquier otra consideración, mejor que suenen las alarmas. Aunque aquí coincidan sus interés con los del Ayuntamiento, la Junta, con el Gobierno y el PSOE, todavía de perfil.

Desde luego a las instituciones locales y autonómicas no les preocupa la necesidad de proteger la farola. Más bien si pudieran declarar BIC sería a la cartera del grupo catarí que les deslumbra. Pero, como clamaba Pedro Aparicio, si la ciudad apenas se inmutó tras esquivar una catástrofe menos lo hará por un faro o la foto de un paisaje ahora cuando existe el fotoshop. Si acaso aguantará las colas para subir al ascensor y ver las vistas desde el rascacielos si la desidia permite su construcción. Décadas de reivindicación para derribar la famosa Verja, pero ahí sigue.