Tribuna

Francisco J. Ferraro

Miembro del Consejo Editorial del Grupo Joly

Subvenciones sin control

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Subvenciones sin control

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) hizo público la pasada semana un primer informe sobre las subvenciones en España, en el que detecta múltiples limitaciones: inadecuada vinculación con los objetivos que persiguen, complejidad de trámites, falta de transparencia en su gestión, de coordinación entre las administraciones que las gestionan, de rendición de cuentas sobre sus resultados y de procedimientos sancionadores por mal uso. Todo ello determina un posible despilfarro de un instrumento que supone un gasto público de unos 30.000 millones de euros anuales, por lo cual pide que se reforme la ley de subvenciones y que se evalúe su eficacia y eficiencia.

Las subvenciones son un instrumento muy generalizado para la aplicación de muchas políticas públicas (becas de estudio, fomento del empleo, estímulo a la I+D, financiación de instituciones con finalidad social, promoción cultural, etc.), aunque son las subvenciones a empresas para el fomento económico la aplicación más relevante.

Además de las limitaciones detectadas por la Airef, las subvenciones para el fomento económico y empresarial generan externalidades negativas que las hacen poco aconsejable. El análisis económico siempre ha desconfiado de las subvenciones por la distorsión que provocan en la libre competencia al concederle ventajas a las empresas que las reciben frente a todas sus competidoras, con el agravante de que las subvenciones se nutren de impuestos, parte de los cuales son pagados por las empresas competidoras. Además, ¿con qué criterios se discrimina que unas actividades o empresas singulares sean merecedoras de subvención y otras no? ¿Favorecemos con subvenciones la atracción de grandes empresas, evitar el cierre de empresas con elevado volumen de empleo, el mantenimiento de pymes, a las empresas tradicionales o a las innovadoras, a la de un territorio deprimido o a las que ejercen una función tractora? Seguro que encontrarán algún motivo para subvencionar casi cualquier empresa o actividad, pero no parece razonable que se subvencionen todas.

Las subvenciones generan otras distorsiones en el mundo empresarial, pues provocan que los empresarios gasten parte de sus energías en conseguir una subvención en detrimento de aplicarla a la dirección y gestión de sus empresas. Pero no sólo energía, pues solicitar y conseguir una subvención exige gastos por la complejidad de los trámites, lo que obliga en muchos casos a contratar empresas especializadas. Y con ello surge un mundo de intermediarios y logreros, de buscadores de renta, que envilecen el sistema productivo, cuando no provocan corruptelas.

Otros costes devienen del cobro de las subvenciones (cuyos retrasos provoca problemas financieros a las empresas perceptoras en algunos casos) y de los mecanismos de gestión y control por parte de las administraciones (del orden del 10% de su valor), particularmente en los casos de grandes empresas multinacionales que reciben subvenciones por instalarse en un determinado territorio o por crear empleo, que no cumplen los objetivos fijados y cierran o desaparecen.

Lo más sorprendente es que no se conoce con precisión la cuantía del gasto público en subvenciones (por la desigual clasificación del concepto y por la diversidad de administraciones que lo gestiona) y lo más preocupante es que no se conocen sus resultados; es decir, si las subvenciones han sido eficaces para conseguir el objetivo que persiguen y si el gasto público ha sido eficiente.

Dadas tantas posibles ineficiencias y disfunciones es lógico preguntarse ¿por qué las subvenciones son un instrumento principalísimo de la política de fomento económico? Porque con ellas se visualiza que los gobiernos están fomentando la actividad económica para un objetivo, territorio o sector de actividad, lo que genera réditos electorales y en algunos casos clientelismo. Frente a ello otras políticas de fomento económico, como mejorar la competencia, facilitar la actividad a las empresas y emprendedores desde las AAPP ahorrándole trámites administrativos, mejorando las infraestructuras, facilitando la interacción entre el conocimiento, la innovación y la actividad productiva…, son políticas alternativas de las que existe amplia experiencia en otros países, pero son menos rentables políticamente.

Por tanto, si bien del informe de Airef puede deducirse la conveniencia de paralizar las convocatorias de subvenciones hasta que se evalúen sus efectos, las evaluaciones deberían también incorporar sus posibles externalidades negativas, lo que previsiblemente aconsejarían su exclusión como política de fomento económico y empresarial.

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