El Ayuntamiento de Benalmádena espera recibir un informe jurídico elaborado por la Universidad de Málaga (UMA) sobre las posibilidades de expropiación del parque de atracciones Tívoli World, en el caso de no encontrar una solución a su cierre, y que fue aprobado y adjudicado por el anterior equipo de Gobierno a la institución académica.

Así, desde el Consistorio han señalado que “se espera el informe de la UMA”, que “aún no está”, sobre “la situación y posibles soluciones”. La teniente de alcalde, Presi Aguilera, declaró el pasado lunes en la cadena Ser que el documento lo está elaborando “un experto catedrático en Derecho Administrativo” y que “va a dar una guía de las posibles soluciones jurídicas a las que pudiéramos optar”.

“Se solicitó por la Corporación anterior y era un informe para ver qué posibilidades como Ayuntamiento, si es que existen, podríamos tener para recuperar Tívoli”, señaló Aguilera. Preguntada por si la intención del Ayuntamiento sería quedarse con el parque, la teniente de alcalde remarcó que “no lo podemos saber hasta que no tengamos ese informe y veamos qué nos plantea”, mientras que al ser cuestionada por la expropiación, en el caso de que se contemplara como favorable en el documento, indicó que “es algo que tendríamos que considerar y estudiar”.

Aguilera recordó que el Ayuntamiento está haciendo de “nexo” y “puente” entre el propietario del espacio lúdico, el grupo inmobiliario Tremón, y las empresas que hasta el momento han mostrado su interés por “la posibilidad de adquirir el parque”, con las vistas puestas en una posible reapertura, aunque no desveló el estado en el que se encuentran las negociaciones.

El PSOE critica que el Gobierno no impulsa esta “herramienta de presión"

Por su parte, el secretario general del PSOE de Benalmádena, Víctor Navas, ha criticado a colación de la entrevista radiofónica, que el actual equipo de gobierno “no ha impulsado la única herramienta de presión que tenía el Ayuntamiento”, en torno a la expropiación, recordando que el informe jurídico sobre la misma se contrató en abril de 2023.

El socialista ha señalado que el PSOE preguntó en julio al Consistorio sobre el estado del informe jurídico, lamentando que en diciembre el Ayuntamiento respondió indicando que el documento “está pendiente de que se redacte, 6 meses para resolver un asunto que ni siquiera han impulsado desde el gobierno municipal”, ha criticado.

“Después de 7 meses gobernando, el arma única de presión que tenía el Ayuntamiento con Tremón, que era amenazar con el rescate del parque, no la utiliza y la tiene guardada en un cajón. Mientras tanto, pasa el tiempo y Tremón va ganando la partida, porque si quiere negociar se abre el parque, y si no quiere no se abre”, ha lamentado.

Navas ha recordado que durante su mandato el Ayuntamiento solicitó a la UMA un informe para ver “qué posibilidad, en el caso de que Tremón no quisiera abrir el parque, teníamos como Ayuntamiento para rescatarlo, para expropiarlo”.

Informe jurídico

La petición del informe deriva de una iniciativa del anterior Gobierno, y en abril del pasado año la Junta de Gobierno Local aprobó “el expediente de contratación y la adjudicación del contrato menor”, resultando adjudicataria la UMA por un importe de 11.000 euros más IVA, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario.

El objeto del mismo era “la emisión de informe jurídico sobre la posible expropiación del parque de atracciones Tívoli, además de otras opciones jurídicas para asegurar la continuidad de la actividad”.

Un informe del interventor de dicho período apunta a la conveniencia de “justificar que el objeto del contrato es diferente del adjudicado por Junta de Gobierno Local del 21 de octubre de 2020 al mismo adjudicatario, y con la denominación ‘Informe jurídico sobre actuaciones urbanísticas’”, relativo este último a “la protección del parque Tívoli como sistema general".

En el documento se señala que la exconcejala de Urbanismo, María Isabel Ruiz, advirtió de que el informe solicitado en 2020 “era para un asesoramiento plenamente urbanístico, en el que se necesitaba que se estudiasen las distintas opciones acerca de cómo proteger a través del planeamiento las instalaciones de Tívoli”. Igualmente, precisa que actualmente “lo que se necesita es un asesoramiento jurídico acerca de una posible expropiación de Tívoli”.

Según la documentación, al final de octubre del pasado año el Ayuntamiento realizó “las gestiones oportunas para poder contactar” con el encargado de redactar el informe jurídico, ya que “por parte del adjudicatario no se había procedido a la emisión” del mismo, dentro del “plazo de ejecución de tres meses previsto en la propuesta de adjudicación”. De este modo, se especifica que el informe “se encuentra en trámite de ejecución" y "será finalizado dentro del plazo de ejecución de un año, previsto para los contratos menores”.