Las responsables del centro ambulatorio de drogodependencia que gestiona la asociación ARDE en Ronda dejó el pasado 1 de enero de prestar sus servicios en la ciudad. Así lo comunicaron ayer las responsables del centro mediante una comunicado dirigido a los medios de comunicación.

En el mismo se asegura que “nos hemos visto obligados a suspender las intervenciones asistenciales, los tratamientos farmacológicos, médicos y psicológicos, así como los seguimientos judiciales por suspensión de condena que venía desarrollando el centro”.

En cuanto a los motivos, aseguran que “esta situación es debida a la falta de convenio o contrato con el titular del recurso, el Ayuntamiento de Ronda, para la gestión del Centro de Tratamiento Ambulatorio para el año 2020”.

Además, en el comunicado sostienen que desconocen los motivos por los que el Consistorio rondeño tomó la decisión de no prorrogar el convenio de colaboración que se mantenía con esta entidad desde el año 2004, ya que “la señora alcaldesa no ha contestado a la carta que se le envío el pasado 18 de diciembre preguntándole a este respecto, ni el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con nosotros para explicarnos los motivos”.

Por otra parte, han indicado que no disponen de ningún tipo de información oficial sobre el punto al que deben dirigirse a partir de este momento los usuarios del centro para continuar con los diferentes programas terapéuticos que venían recibiendo hasta el momento. De igual modo, se indica que tampoco conocen “dónde deben dirigirse aquellas personas de Ronda y comarca que necesiten asistencia inmediata, y un abordaje integral en materia de drogodependencias y otras conductas adictivas”.

Mientras tanto, un portavoz del Ayuntamiento aseguró que desde la Junta de Andalucía se había ofrecido la firma de un contrato menor a dicha asociación para poder continuar prestando el servicio mientras se procedía a la licitación del mismo por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que ha sido el organismo público que asumió dicha área, aunque los responsables del colectivo habrían rechazado esta opción planteada por el Gobierno andaluz.