El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y de la patronal andaluza, Javier González de Lara, reconoció que la anulación por parte del Tribunal Supremo de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella (Málaga) de 2010 es "un tema tremendamente preocupante, aunque no alarmante [precisó], para el mundo empresarial y para toda la sociedad civil". En este punto, instó por trabajar juntos para buscar una solución "urgente" y por "convertir el problema en oportunidad".

"Serenidad, trabajo y unidad son elementos básicos para que Marbella siga liderando el desarrollo económico de la Costa del Sol y para que se aproveche el inicio de este ciclo expansivo de nuestra economía", afirmó, antes de participar en la entrega de los Premios Empresariales Hacemos Málaga. Hizo extensiva su valoración a la anulación también por parte del Tribunal Supremo del Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental, elaborado por la Junta de Andalucía, aunque precisó que en este caso "son cuestiones más de matices, que pueden ser subsanables".

Para el presidente de la CEM, "ahora hay que estar todos unidos para buscar fórmulas de solución", y advirtió de que "no podemos quedarnos con los brazos cruzados, sino buscar una solución urgentemente".

González de Lara, que incidió en que "es una decisión que hay que acatar como todas las resoluciones del Alto Tribunal", advirtió de que "Marbella se queda sin la posibilidad de tener una herramienta básica en lo que es el ordenamiento urbanístico y en el diseño de su planeamiento como ciudad". Consideró que "retrotraerse al PGOU de 1986 no es la mejor solución y obliga, por tanto, a hacer un proceso de reflexión con la mayor celeridad posible para unificar esfuerzos".

El presidente de la patronal malagueña y andaluza confió en que, "con brevedad, se tenga un PGOU con sensatez y con visión de futuro para tener un ordenamiento que dé garantías y seguridad jurídica a los inversores y a los empresarios y promotores".

Asimismo, González de Lara lamentó que estas sentencias lleguen "en el momento en que empieza a repuntar la Costa del Sol y la propia ciudad de Marbella y a tener el sector inmobiliario un dinamismo importante". "Si esto hubiera ocurrido hace tres años, a lo mejor no hubiera sido tan preocupante; ahora mismo quedarnos sin esa herramienta que da cobertura y seguridad jurídica a los inversores genera un perjuicio que hay que intentar amortiguar", declaró.