"Sorprendidos e indignados". Así se sienten los miembros del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella, tras saber que la Delegación del Gobierno en Andalucía ha redactado un informe oponiéndose, por segunda vez, al proyecto de videovigilancia para Puerto Banús. El portavoz de los empresarios, Miguel Gómez, lamentó que el Gobierno central considere una medida "excesiva" la colocación de cámaras en el recinto portuario, porque no se ha acreditado que en él existen "niveles extremos de delincuencia". En el documento, al que ha tenido acceso el CIT, también se hace referencia a que en Marbella no existe "un clamor popular" que pida la implantación de videovigilancia en la zona.

Esta negativa tampoco ha dejado indiferente al Ayuntamiento, que desde el primer momento se implicó en la propuesta de los empresarios. La concejal de Seguridad Ciudadana, Francisca Caracuel (PP), anunció ayer que los servicios jurídicos municipales, junto a los del CIT, van a estudiar la posibilidad de interponer un recurso de reposición al informe.

Caracuel, que también solicitará una entrevista con el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, para abordar este asunto, lamentó que no se permita la instalación de cámaras cuando en Marbella existe un déficit de agentes de Policía Nacional, ya que el catálogo del Ministerio del Interior contempla 255, pero en realidad hay 182.