El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro de la trama de corrupción del caso Malaya, Juan Antonio Roca, despedido de su puesto en el Consistorio el 24 de agosto por absentismo reiterado, solicitó tres días después la celebración de un acto de conciliación con la institución. En el documento donde lo solicita ante el Servicio de mediación, arbitraje y conciliación de la Junta de Andalucía (CMAC), el ex asesor pide que se reconozca que "la extinción del contrato de trabajo es improcedente".

Por esta razón, Roca expresa en el texto que "se acceda a su readmisión o en su caso a una indemnización en la cuantía fijada para el despido improcedente, y en todo caso al abono de los salarios de tramitación devengados". En el documento Juan Antonio Roca manifiesta que tiene antigüedad en la empresa demandada desde el 22 de abril de 1992 y añade que "en la actualidad percibe un salario mensual de 9.066,83 euros con inclusión de prorratas de pagas extras y con centro de trabajo en la Gerencia de Obras del Ayuntamiento de Marbella". Por ello, a 45 días por año trabajado, la indemnización por despido improcedente superaría los 230.000 euros, según los cálculos de este periódico.

Asimismo indica que pide el acto de conciliación previo a la vía jurisdiccional ante el propio Ayuntamiento de Marbella y Gerencias de Obras y Servicios Marbella SL.

Por su parte, el CMAC presentó el jueves por registro de entrada en el Ayuntamiento de Marbella la citación para que como empresa demandada asista a dicho acto de conciliación, que tendrá lugar el martes 15 de septiembre en el CMAC.

La resolución de despido conocida el jueves estima el despido disciplinario de Roca por comisión de una falta grave consistente en "falta repetida e injustificada a su puesto de trabajo" en el Organismo Autónomo Local Servicios Operativos desde el 31 de marzo de 2006 -cuando fue detenido como uno de los principales imputados en la operación Malaya instruida por el juez Miguel Ángel Torres- hasta la actualidad de modo ininterrumpido.

La resolución, defendida por la alcaldesa, Ángeles Muñoz, como la mejor manera legal de expulsar a Roca del Ayuntamiento, expresa en sus fundamentos legales que "las ausencias al puesto de trabajo por hallarse en prisión una vez recaída sentencia firme dejan de tener carácter de causa de suspensión provisional del contrato de trabajo para configurar causa de despido disciplinario".

En este sentido, el documento indica que hasta el momento el contrato que Juan Antonio Roca mantenía con el consistorio estaba en suspensión provisional al estar en situación de prisión preventiva por el referido "caso Malaya" tras su arresto.

El texto hace referencia en los hechos probados a que el ex asesor urbanístico ha sido condenado como autor de dos delitos de tráfico de influencia a la pena de nueve meses de prisión por favorecer económicamente a los promotores que constituyeron la empresa Belmonsa SA. Por su parte, el abogado de Roca presentó alegaciones solicitando el archivo de este expediente al considerar que su defendido, al estar en prisión preventiva, tenía su contrato de trabajo en suspenso hasta que recayese sentencia firme y ejecutoria.

Desde el Ayuntamiento entienden en el documento resolutivo que queda acreditado en los autos 513/04 (cuyo contenido no ha sido precisado) que ya ha recaído sentencia que tiene carácter firme con respecto a Juan Antonio Roca.