Benalmádena apuesta por un modelo de gestión "mixta" del agua

El Pleno del Ayuntamiento de Benalmádena ha desestimado este lunes los recursos de reposición interpuestos contra las actuaciones preparatorias del contrato de concesión para la futura gestión del agua -presentados por los grupos de la oposición y una plataforma ciudadana-, defendiendo el alcalde, Juan Antonio Lara, que esta sea que esta sea “indirecta” bajo la fórmula “mixta” al tener “una eficiencia del 81%”. La medida ha contado con los votos favorables del PP y se ha adoptado en base a los “informes técnicos”, tras expirar el pasado junio la contratación con la actual gestora, la Empresa municipal de aguas de Benalmádena (Emabesa), según ha informado el Consistorio.

Así, el Ayuntamiento ha destacado en un comunicado que mientras avanza este proceso, Emabesa, continuará prestando el servicio, avalada por los “informes favorables” de los servicios jurídicos municipales.

Durante el debate en sesión extraordinaria, el alcalde ha recordado que se analizaban dos modelos, uno de gestión "directa" por parte del Consistorio y otro "indirecta", incidiendo en que “no hay más” fórmulas para la gestión de los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales en el municipio.

En este sentido, Lara ha destacado que se contempla en la segunda opción, es decir, la indirecta, “la posibilidad de crear una sociedad mixta donde la mayoría la tendría el Ayuntamiento con un mínimo del 51%”.

El primer edil ha subrayado que “la gestión mixta” del abastecimiento de agua en el municipio cuenta “con una eficiencia del 81%”, lo cual lo afianza según el alcalde como un buen modelo de gestión por el que han apostado gobiernos anteriores de distinto color político, incluso el anterior, que contempló su prórroga por cinco años más. 

El regidor ha recordado el trabajo realizado por el equipo de gobierno y los técnicos, porque “se ha tenido que hacer en dos años lo que no se hizo en ocho por parte del gobierno anterior”, a sabiendas de que el contrato con Emabesa expiraba, “sin nombrarse un interventor técnico” en la pasada legislatura “para supervisar todo este proceso”, ha recalcado.  

Por su parte, el concejal de Agua, Juan Olea, ha destacado que el equipo de gobierno ha sido capaz de “resolver una situación sobre la que no se había trabajado ni previsto en las anteriores corporaciones, a pesar de que se sabía con exactitud la fecha de finalización de la concesión de Emabesa”.

“Cada paso que estamos dando viene avalado por los correspondientes y necesarios informes, siempre con total transparencia y contando con los informes de viabilidad, dando pasos en esa tramitación del expediente que viene a poner en valor uno de los servicios más importantes del municipio, como es la gestión del agua”, ha concluido el edil.

El PSOE critica que no se ha analizado previamente la "sostenibilidad financiera real" del modelo

El viceportavoz del PSOE de Benalmádena, Víctor Navas, ha denunciado que el gobierno local ha decidido “cerrar en falso” el debate sobre el futuro del agua en el municipio, utilizando su “mayoría absoluta para rechazar los recursos de reposición presentados por todas las fuerzas de la oposición”, criticando que no se ha analizado previamente la "sostenibilidad financiera real" del modelo.

De esta forma, el socialista ha criticado que los populares han optado por “bloquear el debate público y avanzar en la entrega de la gestión del agua a un socio privado, regalando los beneficios de un recurso estratégico a una multinacional”.

Navas ha advertido de las consecuencias jurídicas y económicas que pudieran derivar del procedimiento, asegurando que “no estamos ante un debate ideológico, sino ante un procedimiento viciado de origen, con graves carencias técnicas y legales que el gobierno municipal ha decidido ignorar conscientemente”, supuestamente.

Además, ha lamentado que el equipo de gobierno ha rechazado los recursos “sin dar respuesta a ninguna de las cuestiones de fondo planteadas”, a pesar de la supuesta “gravedad de las deficiencias señaladas, que afectan directamente a la legalidad y seguridad jurídica del procedimiento.

“Se ha elegido un modelo de gestión sin haber analizado previamente su sostenibilidad financiera real. El propio informe de Intervención reconoce que dicho análisis se pospone a una fase posterior, cuando la ley exige que sea previo a la decisión”, ha detallado Navas acerca de uno de los recursos presentados.

En este sentido, ha destacado que “el Plan de Inversiones, superior a 54 millones de euros y base económica del modelo elegido, no formaba parte del expediente sometido a votación, vulnerando el artículo 84 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales”.

Asimismo, ha señalado que “no existe un estudio económico comparativo completo de todas las formas de gestión directa previstas en la ley (organismo autónomo, entidad pública empresarial y sociedad mercantil pública), incumpliendo así el artículo 85.2 de la Ley de Bases del Régimen Local”, presuntamente.