La juez mantiene la imputación de Montesinos en el caso Astapa
El lunes concluyen las declaraciones en los juzgados de Estepona con el testimonio del abogado y secretario municipal y la mujer del concejal Zamorano
El hasta hace unos días alcalde accidental de Estepona, Rafael Montesinos, continúa imputado en el marco de la operación Astapa contra la corrupción municipal. Según decidió ayer la instructora del caso, Isabel Conejo, al andalucista se le atribuyen los presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.
Según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), no se han adoptado medidas provisionales contra Montesinos, si bien el fiscal ha solicitado la celebración de una vistilla la semana que viene.
El imputado aseguró que "nunca" renunciará a su acta de concejal, defendió su inocencia a su salida de los juzgados e insistió en que no ha sido expulsado del PA. En un comunicado, el secretario nacional de política municipal del Partido Andalucista, Alfonso Andrades, comunicó hace unos días que el PA había aceptado la petición de suspensión de militancia de Montesinos, quien lo había solicitado "voluntariamente" hasta que se produjera una resolución judicial firme "para no hacer daño al partido".
En la misma línea se mantuvo tras el Pleno de constitución de la nueva corporación el secretario provincial del PA, Salvador López, quién alabó la "caballerosidad de Montesinos para con el partido al presentar su baja sin que nadie se lo pidiera".
En la misma situación que Montesinos se encuentran el resto de imputados que prestaron declaración ayer en el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad. Todos deberán volver a comparecer en los próximos días ante la juez.
Los mismos delitos que al andalucista se le imputan al empresario local Ángel González, que fue el primero en llegar a la sede judicial, así como al militante socialista Ángel Montero, si bien en este último caso no se habla de tráfico de influencias, si no tan sólo de blanqueo de capitales y cohecho.
En cuanto al arquitecto municipal Tomás Álvarez de Lara, la juez le mantiene la imputación por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, falsedad, blanqueo de capitales y actividades prohibidas a funcionarios públicos, siendo de este modo la persona con más imputaciones de las que pasaron ayer por los juzgados.
Por último, también prestó ayer declaración Manuel Simón al que se le imputa cohecho.
El lunes continuarán las declaraciones. Le tocará el turno al abogado local Ignacio Pérez de Vargas, así como al secretario de la corporación municipal, Gustavo Rubio, además de a la empresaria Narcisa Vizuete, mujer de Francisco Zamorano, concejal socialista expulsado del partido tras su imputación en la operación Astapa y que actualmente se encuentra en libertad bajo fianza de 50.000 euros.
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