El presidente estadounidense, Barack Obama, visitó ayer Nueva Orleans, en Luisiana, donde inició su segunda visita a la zona afectada por el derrame de crudo en el Golfo de México.

Obama se reunió con el jefe de los guardacostas que coordina las operaciones en el lugar, almirante Thad Allen, y visitó una playa donde se instalaron barreras para intentar contener la mancha de petróleo. También se reunió con funcionarios locales, incluyendo al gobernador de Luisiana, Bobby Jindal.

La visita a la zona de la catástrofe tiene el objetivo de manifestar con hechos lo que el presidente de Estados Unidos afirmó la víspera desde la Casa Blanca: que el Gobierno está "al frente" en el manejo de la crisis desatada por la marea negra.

Pero es difícil que su viaje a Luisiana logre del todo el objetivo del mandatario: mancharse sólo un poco las botas con el petróleo que ya asola las costas de ese sureño estado norteamericano. Y es que, por mucho que lo haya intentado evitar, el Gobierno de Obama no ha conseguido evitar verse salpicado por una catástrofe natural que los expertos ya califican como la peor de la historia de su país y cuya mancha se extiende no sólo por el Golfo de México, sino por la misma presidencia del mandatario demócrata.

Según una encuesta de Gallup publicada esta semana por el diario USA Today, más de la mitad de los estadounidenses consideran que la respuesta de Obama a la marea negra ha sido "pobre" o "muy pobre".

Éste y otros sondeos demuestran que se ha producido un traslado de la "frustración y enfado" popular que el mismo Obama ha admitido sentir y que en las primeras semanas de la catástrofe se centraba en la petrolera BP, destaca The Washington Post, para quien el mandatario está "luchando para demostrar que es él el que tiene el control del derrame" de petróleo.

Las consecuencias inmediatas de la catástrofe ya están claras. Obama anunció el jueves medidas más duras contra la industria petrolera, prolongó por otros seis meses la moratoria para realizar nuevas perforaciones en el mar que había sido impuesta tras el accidente del 22 de abril y postergó los planes para dos exploraciones frente a la costa de Alaska, además de cancelar los contratos de arrendamiento previstos en el Golfo de México y frente a la costa del estado de Virginia.

Unas medidas que complican aún más sus planes de eficiencia energética en un país que es un ávido consumidor de petróleo.

Más preocupantes aún para el Gobierno de Obama son las consecuencias a mediano y largo plazo, con unas difíciles elecciones en el Congreso casi a la vuelta de la esquina y en las que este nuevo revés podrían pasarle factura a los demócratas del mandatario.

Obama "no ha sido tan visible como debería en esto (...) y va a pagar un precio político por ello, lamentablemente", dijo la senadora demócrata Mary Landrieu al diario Político.

Sus oponentes no han perdido tampoco ocasión en regodearse y reiterar que se trata del "Katrina de Obama", en referencia al devastador ciclón que, casi en la misma zona y hace ahora cinco años, hundió la popularidad y credibilidad de su predecesor, George W. Bush.

Justo es decir que este caso es diferente, como apuntan analistas que recuerdan que es una situación en la que la pescadilla se muerde prácticamente la cola, ya que el Gobierno, como admitió Obama, carece de los recursos "técnicos" para afrontar una crisis de este tipo y se ve obligado a confiar en la tecnología en manos de las mismas compañías que son las causantes de la catástrofe.

Pero no faltan las voces que recuerdan que había muchos puntos oscuros en el sistema de alerta y fallos en las propias agencias federales. Ante las cámaras de unas cadenas de noticias que mientras enfocaban a Obama no dejaron de mostrar en una esquina de la pantalla la imagen en directo del vertido, el presidente admitió el jueves esta situación, reconociendo que su Gobierno no actuó con la "suficiente urgencia".