El registro de delincuentes sexuales previsto en la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, que incluirá datos de perfil genético (ADN), tendrá que estar en funcionamiento en febrero de 2016. El Ministerio de Justicia tiene seis meses para elaborar este instrumento desde que empiece a aplicarse la ley, que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entra en vigor a los 20 días, es decir, el 17 de agosto.

La nueva normativa establece que quienes quieran trabajar en contacto con menores acrediten que no han sido condenados en firme por ningún delito relacionado con niños o adolescentes.

Este registro es una de las medidas más destacadas de la nueva norma. Sin embargo, es una obligación que España lleva omitiendo desde 2010, cuando suscribió el Convenio de Lanzarote del Consejo de Europa que obliga a adoptar este tipo de medidas para evitar la exposición de los menores a situaciones de riesgo. Países como Francia o el Reino Unido, que también ratificaron aquel acuerdo, ya lo aplican. Se trata de que antes de emplear a una persona en una labor relacionada con niños, la institución, entidad, el particular o la Administración contratante comprueben si el candidato tiene antecedentes penales por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, la trata de seres humanos o la explotación de menores.

Para ello, le exigirá un certificado negativo del mencionado Registro de Delincuentes Sexuales, que estará vinculado al Registro Central de Penados, tendrá carácter confidencial y contendrá información sobre la identidad y el perfil genético de todas las personas condenadas por estos delitos en España.