Un centenar de vecinos de Cristina y su hermana Miriam Medianero se manifestaron este martes para apoyar a esta familia sobre la que pende una orden de demolición de sus viviendas. Como muchas otras en la Axarquía a principios de este milenio, construyeron dos casas en una parcela que tenían de 13.000 metros cuadrados en un suelo no urbanizable y sin licencia en Benajarafe Alto (Vélez-Málaga).

Tras varias suspensiones, el próximo 15 de febrero tendrían que enfrentarse a la demolición de sus viviendas por orden de un juez. Están tratando de volver a paralizarla ya que cuentan con tres menores a su cargo y con un informe de Servicios Sociales que acredita que no tienen alternativa habitacional.

“No tenemos acceso a otra vivienda, no la hemos tenido hasta ahora, y el Covid-19 ha agravado la situación. Estamos en situación de exclusión social y en casa tenemos tres menores”, manifestó Medianero quien señaló que consta en un informe de los Servicios Sociales “que se emitió para que paralizasen la demolición hasta que no tuviésemos otra solución habitacional”.

Esta familia que se vio respaldada por un centenar de vecinos, amigos y familiares insistió en que “el coronavirus ha empeorado la situación económica” por lo que están luchando con todas las herramientas legales para evitar la demolición que el juez ha ordenado para el 15 de febrero. Entre ellas, la que les permita la nueva Ley de Suelo Andaluza, la Ley de Impulso para la Sosteniblidad del Territorio de Andaluza (LISTA). También se han reunido con el alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), y con los servicios técnicos de Urbanismo para tratar de buscar soluciones a esta situación. “Agradezco el apoyo y la ayuda del Ayuntamiento, pero es injusto lo que nos está ocurriendo”, insistió la afectada.

Cristina, Miriam, y su pareja, Raúl Postigo comenzaron a construir sus respectivas viviendas en 2004 aprovechando la finca familiar de 13.000 metros cuadrados en la que tenían plantados 300 mangos. Cuatro años después pudieron habitarlas y en 2018 llegó la primera sentencia de demolición. El aviso les pilló de sorpresa, sobre todo, porque “hay muchas otras viviendas en la zona que fueron construidas sin licencia en terreno no urbanizable”.

El Consistorio veleño que está colaborando con la familia tratando de buscar una solución a la situación, fue el que les notificó el 3 de enero la orden de demolición dictada por el juez, que en este caso es firme. En caso de no hacerlo en un plazo de seis meses, “podrían incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad”.