Fomento expropiará 8,2 millones de metros para el anillo ferroviario

Esta infraestructura, cuyo coste se estima en 350 millones, afecta a unas 770 fincas de cinco municipios de Málaga y uno de Córdoba

Parte de los terrenos que podrían ser expropiados en la zona de Antequera.
Parte de los terrenos que podrían ser expropiados en la zona de Antequera.
Sebastián Sánchez Málaga

18 de abril 2013 - 01:00

El anillo ferroviario de Antequera, proyecto del que hizo bandera el PSOE en su anterior etapa al frente del Gobierno central, vuelve a formar parte de un trámite oficial. Tras no pocos meses aparcado ante la incapacidad del Ministerio de Fomento de afrontar una infraestructura valorada en unos 350 millones, la Administración estatal pone sobre la mesa definitivamente las fincas que habrá que expropiar para llevar a cabo esta intervención. De acuerdo con la información publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, la construcción de los circuitos principal (con unos 58 kilómetros de longitud) y secundario, así como de sus conexiones, requerirá de la ocupación definitiva de más de 8,2 millones de metros cuadrados, que es lo equivalente a 820 campos de fútbol.

Los terrenos sobre los que se contempla el proyecto están repartidos en los municipios malagueños de Antequera, Fuente de Piedra, Cuevas Bajas, Humilladero y Mollina, y el cordobés de Benamejí. No obstante, la localidad más damnificada por esta actuación será la ciudad de El Torcal, toda vez que en este término municipal se enajenarán algo más de 4,5 millones de euros, concentrados en 350 fincas. En Benamejí, las parcelas afectadas serán 121, con 1,3 millones de metros cuadrados; Mollina, con 75 fincas, que engloban 1,1 millones; Fuente de Piedra, con 154 fincas y 926.000 metros cuadrados, y Humilladero, con 71 parcelas y 329.000 metros. Tras la publicación ayer en el BOE, los propietarios afectados por la delimitación del anillo ferroviario disponen de quince días para presentar alegaciones.

Se presume que el número de alegaciones será amplio, toda vez que el proyecto ha contado con un amplio rechazo entre los ayuntamientos y posibles afectados de estas localidades.

Fomento vincula el desarrollo de esta infraestructura y su explotación con la iniciativa privada. De hecho, se condiciona su futuro a la existencia de empresas privadas dispuestas a actuar sobre el terreno. En este sentido, el propio Gobierno admitió meses atrás la existencia de un grupo amplio de empresas interesadas en el proyecto. Ello parte de la solicitud que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) hizo para impulsar una fórmula de colaboración público-privada, planteamiento que mereció la atención de 43 firmas.

Buena parte de la inversión necesaria para la ejecución de esta intervención sea asumida directamente por los socios privados, mientras que la parte pública podría sobre la mesa la aportación de la que ya dispone procedente de los fondos europeos Feder. Sobre ello, el propio Gobierno, en una respuesta fechada el 25 de febrero pasado, dice disponer por esta fuente de financiación de 134,5 millones de euros "en concepto de anticipo reembolsable".

Con esta misma fecha, en otra respuesta parlamentaria, el departamento encabezado por Ana Pastor precisó que antes de licitar las obras del anillo ferroviario "es necesario llevar a cabo una tramitación específica, de acuerdo con la legislación vigente, que requiere recabar informes de las distintas administraciones y entidades públicas que pudieran verse afectadas por el proyecto y analizar el resultado de dichos informes para valorar su consideración". Por ello, se elude asumir "un compromiso concreto por parte del Ministerio de Fomento, en cuanto a fechas de licitación de esta actuación, ya que es preciso tomar en consideración la participación de agentes externos al propio ministerio". La pretensión con la que nació el anillo ferroviario era la de convertirse en el de mayor extensión del mundo, por delante de los existentes en la República Checa, Alemania, Japón y Estados Unidos. En estas instalaciones, donde se realizarán procesos de homologación y certificación de material rodante, así como la investigación y pruebas de nuevos desarrollos tecnológicos, los trenes podrán alcanzar hasta 450 kilómetros por hora, cuando el límite en este tipo de infraestructuras no excede de los 270 kilómetros.

La previsión es que se creen 7.000 empleos. El coste de mantenimiento anual estimado para esta infraestructura se cifra en 3,63 millones, mientras que los ingresos alcanzarían los 4,28 millones con unas condiciones difíciles de cumplir, como que el circuito funcione 240 días al año durante ocho horas diarias.

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