Nuevas sentencias avalan la normalización de viviendas ilegales

Siguen llegando al Ayuntamiento de Marbella sentencias avalando el proceso de normalización de viviendas irregulares aplicado en la ciudad a raíz de la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), hace ya cuatro años. Según explicó el portavoz del equipo de gobierno del PP, Félix Romero, la Junta de Gobierno Local dio ayer cuenta de nueve resoluciones judiciales que rechazan los recursos interpuestos contra el Ayuntamiento por empresas o particulares que no comparten el sistema de compensación aplicado por el Consistorio.

Este lote de sentencias se suma a otros que desde hace meses vienen llegando al Consistorio en este sentido, es decir, quitando la razón a promotores o vecinos que no comparten los criterios del proceso normalizador, bien porque consideren que se les perjudica con la aplicación del planeamiento vigente, bien porque entienden que el proceso es demasiado generoso para los infractores.

Romero aseguró ayer que las sentencias que apoyan el proceso que se está aplicando en la ciudad para sacar de la ilegalidad a un número importante de viviendas "indican que el camino que se adoptó en su día es el correcto". Asimismo, dijo que el sistema se confeccionó como "una iniciativa pionera para solventar el caos urbanístico" existente en la ciudad y que se generó durante quince años de gestión del GIL y de sus derivados al frente del Ayuntamiento de Marbella.

En el PGOU aprobado en 2010 se contemplaba, para la normalización de la mayor parte de las 16.500 construcciones ilegales existentes en el municipio, el pago de una serie de cantidades económicas al Ayuntamiento por parte de los promotores. Estos, además, debían cumplir con sus deberes de urbanización de las zonas construidas.

Según el planeamiento vigente, se daba a los empresarios un año para que, voluntariamente, procedieran a cumplir con estas exigencias. Sin embargo, los plazos se alargaron hasta en dos ocasiones más llegándose a mayo del año pasado con sólo mil viviendas normalizadas, al margen de los trámites iniciados pendientes de conclusión. Ello suscitó en reiteradas ocasiones las críticas de los grupos que se encuentran en la oposición.

Con varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) avalando los sistemas de normalización contemplados en el PGOU debajo del brazo, el Ayuntamiento inició el año pasado la ejecución forzosa de las compensaciones para reclamar lo que le pertenece. Es decir, comenzó a girar cartas de pago a los infractores donde se reflejan las cantidades a abonar así como el resto de obligaciones que tienen que afrontar. Si en el plazo voluntario inicial no se satisfacen estas exigencias, se iniciaría la vía de apremio para su reclamación, según explicó en su día el concejal de Urbanismo, Pablo Moro.