El consejero andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha dicho sobre el auto de la juez Mercades Alaya en el que pide documentación sobre las empresas públicas de la Junta, que lo que le preocupa es "que tendrá que leérsela y a ver de dónde saca tiempo".

A preguntas de los periodistas sobre el auto de la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos pidiendo información sobre las empresas públicas andaluzas para compararla con la de la agencia IDEA, el consejero ha añadido que esa inquietud suya ante la nueva demanda de Alaya la expresa más "como profesional" que como miembro del Gobierno andaluz. Y a la pregunta de si ha leído el auto de Mercedes Alaya, el consejero ha contestado: "No lo he leído ni pienso leerlo".

Por su parte, la secretaria general del PP-A, Dolores López, ha opinado que el último auto de la juez "ahonda y agudiza aún más" la sospecha sobre la "absoluta falta" de control de los fondos públicos en la Junta de Andalucía. La dirigente popular ha sostenido en rueda de prensa que las peticiones que incluye la magistrada vienen a "ahondar aún más" en la sospecha de la "absoluta falta" de control de los fondos públicos que ha habido en la última década por parte de los gobiernos socialistas andaluces.

Dolores López ha expuesto que el PP ha denunciado siempre, muchas veces en el Parlamento, que existe una "tremenda opacidad" en la gestión de los fondos públicos de la Junta, situación a la que los dos partidos que forman el Gobierno andaluz (PSOE e IU) responden con la "máxima de dificultar" que los ciudadanos conozcan qué ha pasados con esos fondos. "Lo doloroso de todo esto es que todo apunta, y los vemos cada día con el voto en contra de IU y del PSOE en el Parlamento, a que mientras la sospecha a esa falta de control se ahonda y agudiza el Ejecutivo andaluz da el no por respuesta a las denuncias del PP", ha recalcado.

La secretaria general del PP-A ha aludido a casos como los ERE, Invercaria o los cursos de formación, ha subrayado que la situación, en este sentido, es un "suma y sigue en el descontrol" de los fondos públicos en Andalucía.

Alaya ha pedido a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía y a la Intervención General andaluza toda la información relativa a los programas de control financiero permanente de las empresas públicas correspondiente a los años 2005, 2006 y 2007. En un auto con fecha de 23 de diciembre, la jueza requiere a la Administración andaluza los informes adicionales "con su correspondiente notificación" que se hubiesen realizado en las entidades públicas andaluzas Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa u otras empresas públicas.