EL comité de enlace entre los socios del Gobierno andaluz parece una máquina demoledora de barreras entre el PSOE e Izquierda Unida; a este paso, sus miembros podrán ser candidatos al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. En esta última semana, han salvado dos importantes escollos: el decreto de regularización de viviendas y el anteproyecto de Presupuestos de la Junta de 2015. Lo que ya es una mala relación estable entre la presidenta socialista Susana Díaz y el coordinador de IU, Antonio Maíllo, no va ser un motivo de ruptura de la coalición. No parece, aunque ambos manifiestan un claro caso de incompatibilidad de caracteres. Desde el PSOE, mantiene que Maíllo está "desorientado" porque no está dentro del Gobierno andaluz, y el líder de IU parece poco dispuesto a que Susana Díaz, con su yo, se convierta en una apisonadora en un Ejecutivo que no es de mayoría absoluta, sino de coalición.

Pero ésos son otros problemas. El Gobierno andaluz aprobará el próximo martes la regularización de viviendas construidas en parcelas ilegales sobre suelo no urbano. Al final IU, a la que molestó el modo en que Susana Díaz anunció este decreto, ha conseguido que los propietarios que aspiren a regularizar sus viviendas tengan que demostrar que su uso es residencial. No valdrán restaurantes, tiendas o naves de otro uso. La coalición de izquierda no ha podido introducir un requisito más exigente, y es que deseaba que el decreto sólo fuera aplicable a las viviendas de primera residencia. Finalmente, las consejeras de Medio Ambiente y de Fomento, María Jesús Serrano y Elena Cortés, han sancionado el acuerdo al que llegaron sus viceconsejeros después de varias reuniones en las que también participó la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer. Ahora se entiende por qué el PSOE se reservó la competencia de ordenación del territorio, y por qué la desgajó de Fomento, dirigida por IU.

Básicamente, el nuevo decreto lo que hace es enmendar el artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Loua), que declaraba la "imprescriptibilidad" de este tipo de viviendas ilegales. Se tratan de parcelaciones establecidas sobre suelo no urbano, que ahora pasarán a ser regularizadas de tal modo que las viviendas podrán ser inscritas en los registros de la propiedad, recibirán licencia de primera ocupación y podrán contratar la electricidad y el suministro de agua. No obstante, deberán cumplir una serie de condiciones: el suelo no urbano debe ser común, es decir, que no tenga ningún tipo de protección; las viviendas deben tener una edad de, al menos, seis años; sobre ellas no podrá pesar ni expediente administrativo ni penal, y el propietario podrá hacer frente a los servicios básicos por su cuenta. Se trata de evitar que estos núcleos de viviendas, una vez regularizados, se puedan beneficiar de dinero público para su urbanización. Y, además, los dueños se deben comprometer a no realizar obras de ampliación.

Aunque estas viviendas se habían quedado en un limbo legal, lo cierto es que supone una victoria de la fuerza de los hechos sobre la legalidad urbanística en Andalucía. Claro, que el PP andaluz quería más: una ley de punto final, una regularización aún más masiva. Habrá que ver qué efecto llamada tiene este decreto para aquellos que desean construir en suelo rural a la espera de que, si tienen un poco de suerte, serán regularizados con el tiempo.

Aunque IU pone en duda el número de viviendas que serán regularizadas, la Consejería de Medio Ambiente insiste en que van de 20.000 a 25.000 casas, situadas básicamente en La Axarquía malagueña, en Granada y en Almería. IU no se opuso del todo a este decreto: en palabras de su coordinador, Antonio Maíllo, se presentó de un modo un tanto "gaseoso", vago, pero las posibles reticencias han sido vencidas por la negociación y por la presión de alcaldes de esta formación, caso del de El Arahal, Miguel Ángel Márquez.

Un consejero de la Junta comentó a este periódico, no sin cierta sorna, que IU estaba dispuesta a aguantar como fuera en el Gobierno andaluz. No es para tanto. IU aprieta, ahora ha impuesto que el consejero de Educación, Luciano Alonso, comparezca en el Parlamento para explicar los vínculos con el PSOE de determinados beneficiados de los cursos de formación, caso del ex consejero Ángel Ojeda, pero la formación de izquierdas teme verse ante unas elecciones autonómicas sin haber cerrado un acuerdo con Podemos. La formación de Pablo Iglesias ya ha decidido que concurrirá a todas las elecciones autonómicas de mayo de 2015, por lo que, sin duda, estarán presentes en las andaluzas, sean cuando sean. Los sondeos que se manejan en San Telmo colocan a Podemos como tercera fuerza ante una hipotética convocatoria, por encima de IU.

El PP andaluz de Juan Manuel Moreno -puede que se esté formando otro, que ya no confíe tanto en su nuevo líder- cree probable que Susana Díaz adelante pronto las elecciones, en febrero o en marzo. Sin embargo, la presidenta andaluza cuenta cada día con menos argumentos para ir a un adelanto electoral. De hecho, y casi en contra de lo previsto, el Presupuesto de 2015 está siendo más fácil de negociar que el de 2014. IU ha conseguido que la partida de su Consejería de Fomento se incremente gracias a los fondos europeos, de modo que entre los socios ya no hay problemas. "Quedan tres o cuatro flecos", se indicó desde el Gobierno andaluz.

En San Telmo, sede de la Presidencia, la única preocupación es la liquidación de 426 millones de euros, cantidad que debería devolver al Gobierno central al ser escasamente compensada por el Fondo de Convergencia. Desde Madrid se ha explicado que esa devolución se podrá hacer en plazos, como ha ocurrido hasta ahora, pero en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2015 no figura esa observación. Lo que teme el Gobierno andaluz es que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo solicite a lo largo de 2015.

"Si es así, no podemos, no tenemos de donde pagar, son muchos millones", explicó un consejero andaluz a este medio. Por eso, el Gobierno quiere asegurarse antes un compromiso de Hacienda o de Mariano Rajoy.