La Policía sigue sumando imputados en el fraude de los cursos de formación. Tiene que llegar a 90, que son las personas apuntadas en esta segunda fase de la operación Edu, según adelantaron fuentes de la investigación -a cargo de la Unidad Central de Delincuencia Económca y Fiscal (UDEF)- la mañana del martes. Ya van 31. Todos han sido interrogados en calidad de detenidos. Las declaraciones, en su mayoría, son brevísimas, apenas alcanzan los quince minutos. La mayoría se limita a manifestar que no sabe de qué va la historia, o que todo lo que han hecho ha estado dentro de la más estricta legalidad. Lo de siempre.

Los investigadores han exigido su testimonio a políticos y empresarios, sobre todo. Entre los implicados destacaron el martes la ex alcaldesa socialista de Jerez, Pilar Sánchez, y el concejal del PSOE en Roquetas Juan Fernando Ortega. Entre los citados ayer se encuentra el delegado de Seguridad Ciudadana de Vícar (Almería), José Luis Leseduarte (PSOE), que insistió en que "no ha sido imputado en el caso" tras prestar declaración ante los agentes de la UDEF. "No tengo ninguna vinculación empresarial" -afirmó el concejal- con el Centro de Formación Indalo, investigado dentro de la trama fraudulenta. Su vínculo con esta empresa fue "a nivel laboral", ya que ejerció "durante 29 años su labor como docente en Prevención de Riesgos Laborales en el centro formativo". Esa relación concluyó en julio de 2011.

Ayer, Manuel Sánchez, concejal del PP en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), que prestó declaración como imputado, anunció que dimitirá hoy. Sánchez entregará su acta de edil con el objetivo de evitar "el deterioro y el desgaste de su imagen pública, la de su familia, la de su empresa y la de la institución y partido al que representa, así como facilitar su defensa". También solicitará la suspensión de militancia del partido, convencido de su inocencia, hasta que los juzgados aclaren todos los hechos. Sánchez, que es concejal del organismo Delphos -encargado del empleo y la formación en el municipio- y de Protección Civil, señaló que los hechos que se investigan son del año 2010, fecha en la que no ostentaba ningún cargo público, y en su caso recibió una subvención para impartir un curso de ayudante de cocina. Según el edil, en su declaración quedó acreditado que el curso se impartió "con normalidad" y que el expediente del mismo fue aprobado por la Junta.

Otros interrogatorios que trascendieron en esta segunda fase de la operación policial fueron los que se practicaron a dos religiosos del colegio La Salle de Jerez y a un trabajador de una asesoría.

El consejero de Educación, Luciano Alonso, expresó "algunas dudas" sobre la operación policial al producirse en un "momento preelectoral" y no contar con el "sello del poder judicial". "En este momento siento dudas respecto a esta operación porque estamos en un momento preelectoral y parece un tanto sospechoso que no sean los jueces los que determinen", dijo Alonso, que subrayó que se queda "mucho más tranquilo cuando este tipo de operaciones tienen el sello del poder judicial".