La ex directora general de Formación Profesional para el Empleo María Teresa Florido, cuñada del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, negó ayer ante la juez María Núñez Bolaños, que investiga las presuntas irregularidades en las subvenciones públicas para los cursos de formación, que existiera una "trama organizada o conspiración para delinquir" en torno a los cursos de formación.

Su abogado defensor, Jon Ander Sánchez, explicó a los periodistas que Teresa Florido, que fue la única imputada detenida en la operación Barrado que declaró ante la Guardia Civil y ante la entonces instructora Mercedes Alaya, decidió comparecer voluntariamente ante la nueva titular, María Núñez Bolaños, para aclarar ciertos aspectos sobre su declaración, como por ejemplo la fechas en las que estuvo en el cargo.

La ex directora de Formación manifestó además a la magistrada que la dirección general no funcionaba como una "segunda instancia o como una novena provincia", en alusión a las imputaciones que en su día se le hicieron achacándole los supuestos incumplimientos que se habrían producido en las otras provincias. Así, defendió que en su departamento las cosas se hicieron "perfectamente bien" y en todo momento se actuó "conforme a la legalidad" a la hora de tramitar y conceder las ayudas para las actividades formativas, a lo que añadió que siempre se abstuvo en relación con las ayudas que afectaban a su cuñado, Ángel Ojeda.

Por último, Jon Ander Sánchez confió en que la causa se archive pronto porque, según afirmó, "esto nunca debió llegar a un juzgado porque no hay materia para justificar una instrucción penal".

Florido respondió a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción pero no a las de la acusación que ejerce el Partido Popular porque, según dijo, ha sido objeto durante tres años de sus "críticas y se le ha causado una enfermedad". La ex directora general añadió que fue objeto de una "persecución política" por parte de destacados dirigentes del PP, momento en que la letrada de la acusación Lourdes Fuster recordó a la juez Bolaños que había dicho en su día que no iba a permitir que se reprodujeran alegaciones políticas durante los interrogatorios de los cursos. Se produjo entonces un pequeño rifirrafe entre la letrada y la juez, que le recordó que es la instructora quien determina cuando un imputado puede seguir o no hablando, mientras que la abogada le reprochó que se imaginaba que "iba a dejar seguir hablando" a la compareciente.

María Teresa Florido fue una de las ex altos cargos detenidas por la Guardia Civil en la denominada operación Barrado sobre los cursos de formación que se llevó a cabo en marzo de 2015.

Ante la juez también declaró ayer, en calidad de testigo, a la interventora en la provincia de Sevilla Victoria López, que se ratificó en el informe que emitió en su día en el que dijo que no podía emitir opinión sobre las irregularidades de los cursos. La interventora dijo que en el 50% de los cursos constaba la resolución de exoneración, aunque precisó que a ella no se las mandaron, y agregó que el interventor no tenía que ver los documentos de la justificación de la realización de los cursos.

Estas dos comparecencias son las últimas que van a celebrarse en la fase final de la instrucción de la denominada pieza política de los cursos de formación, antes de que la Fiscalía Anticorrupción solicite a la juez Bolaños y ésta lo acuerde el archivo de esta parte desgajada de la macrocausa al no apreciar delitos más allá de irregularidades administrativas.