Hace mucho tiempo que la economía sumergida dejó de ser un problema asociado a la picaresca de los españoles para convertirse en un mal "endémico" de la estructura económica nacional, que no ha hecho más que agravarse con la aparición en escena de la crisis económica. Autónomos que se niegan a cobrar el IVA en sus facturas, trabajadores que cobran el desempleo mientras ejercen su actividad bajo cuerda y, sobre todo, empresas -pequeñas, medianas y grandes- que emplean a sus trabajadores sin contrato que valga de por medio.

El problema se ha convertido en algo lo suficientemente serio como para que el presidente del Gobierno convirtiera a la economía sumergida en la protagonista de su nueva propuesta estrella para acabar con la crisis. El mes que viene el Ejecutivo aprobará un plan para legalizar el empleo irregular mediante la concesión de incentivos a los empresarios y durante un periodo de tiempo limitado (desde junio hasta diciembre de 2012).

En ese año y medio, en Granada podrían aflorar entre 10.000 y 15.000 empleos irregulares, según los cálculos de UGT. Lo que viene a representar entre un 10 y un 15% de la actual cifra de paro, que al cierre del mes de febrero ascendía a 92.995 personas. "El plan contra la economía sumergida puede ser útil y beneficioso para reducir la economía sumergida en nuestra provincia", aseguró la secretaria general de UGT de Granada, Manuela Martínez.

Reducirla, no erradicarla. Porque la cifra total de empleos ocultos de la provincia de Granada es sensiblemente superior: el sindicato calcula que la economía sumergida mantiene a 60.000 trabajadores sin contrato, que representan "unos 5.000 millones de euros y aproximadamente un 28% del PIB provincial". Martínez apuntó que la crisis ha motivado un importante crecimiento del fraude fiscal que, unido a la caída de la actividad, ha provocado un desplome de la recaudación tributaria. Bastaría con reducir un punto el porcentaje que representa la economía sumergida en la provincia para "devolver a las arcas públicas alrededor de 50 millones de euros".

Así que el plan, según las estimaciones de UGT, serviría para que aflorara alrededor de un 20% del empleo irregular. El resto, por conveniencia de los empresarios o de los propios trabajadores, no saldría a flote. En cualquiera de los casos, por pocos trabajadores que sean, el plan "favorecería la obtención de más recursos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, eliminaría la competencia desleal a empresas cumplidoras y garantizaría un empleo con derechos para los trabajadores de economía sumergida, que hoy carecen de ellos".

Las cifras que manejan los responsables de CCOO son algo diferentes, ya que apuntan a una masa de trabajadores irregulares compuesta por más de 85.000 personas. El secretario general de CCOO de Granada, Ricardo Flores, subrayó que "es evidente que esta crisis ha generado un aumento del empleo sumergido". ¿Las razones? Entre otras, que "el chantaje con tasas de paro en Granada que rondan el 30% se hace más fácil. También la sustitución de mano de obra si no acepta tales condiciones vejatorias", detalló Flores. "Este es un mal endémico de nuestra provincia que nos impide ganar competitividad, porque al final la calidad de los productos y servicios que queremos vender la ponen los trabajadores, su formación y su calidad en el empleo".

En lo que coincidieron ambos sindicatos fue en las reservas ante el anunciado, y todavía no concretado, plan de Zapatero. Manuela Martínez indicó que hay muchas cuestiones que es preciso aclarar: "por un lado, si se mantendrán las sanciones durante todo el periodo de aplicación del plan y si una vez terminado el periodo de aviso se van a endurecer las sanciones, de manera que sea más rentable para el empleador cumplir la ley que incumplirla".

Además, los sindicatos apuntaron que el plan carecería de sentido si no se procura una mayor coordinación entre jueces, Inspección de Trabajo, fuerzas de seguridad y Oficina de Extranjería y si no se endurecen las sanciones para "frenar el aumento de la economía sumergida y la explotación pura y dura de la mano de obra", detalló la líder de UGT. En esta línea, el secretario general de CCOO añadió que su formación entiende que la "piedra angular" sobre la que gire cualquier iniciativa en torno al empleo sumergido debe ser dotar de más medios y recursos a la Inspección de Trabajo, así como la realización de intensas campañas específicas".

Los empresarios también analizaron la conveniencia del plan anunciado por el Ejecutivo. El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, aplaudió la iniciativa gubernamental, aunque confió en que "el Ejecutivo cuente con los empresarios a la hora de definir las actuaciones concretas". A la espera de que se detallen las bases del plan, Cuerva adelantó que se trata de una medida "necesaria para erradicar estas prácticas que perjudican a los empresarios que sí cumplen con sus obligaciones tributarias, a los que se les hace una competencia desleal aún más grave y dañina en estos tiempos" de crisis.

Cuerva también instó al Gobierno central a que aumente el control de las posibles irregularidades a través de inspecciones. "Los empresarios somos una parte imprescindible de la economía y no podemos permitir que dentro de nuestro propio colectivo haya personas que se salten la ley y que generen un importante daño para los intereses de todo el tejido productivo.