El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado que ante una recesión inminente en Europa las políticas comunitarias deberían girar hacia el fomento del crecimiento, si bien ha insistido en que la reducción del déficit público es ineludible y "no supone una opción". En su opinión, la austeridad "no es la receta" que conducirá a la salida de la crisis, pero ha hecho hincapié en que es necesario avanzar en el reequilibrio fiscal porque de lo contrario se produciría un deterioro de la confianza que podría tener un impacto aún peor sobre la economía, ha asegurado.

"En Europa tenemos una recesión (prevista), suave, pero ya sabemos que vamos a tener recesión, y eso hace que las prioridades empiecen a girar hacia la necesidad de políticas que tienen que fomentar el crecimiento económico", ha afirmado. A pesar de ello, ha recalcado que países como España o Italia no pueden apearse de su compromiso de reducción del déficit público, pero ha considerado que se tiene que hacer "a un ritmo adecuado" para que ese proceso de consolidación no origine "una situación muy negativa a corto plazo".

No obstante, ha matizado que el ajuste presupuestario también tiene algún efecto positivo sobre la economía, ya que genera confianza en los inversores internacionales y eso redunda en unas mejores condiciones de financiación tanto pública como privada, lo que cree que ha quedado demostrado con los buenos resultados de las últimas subastas de deuda del Estado. Como ejemplo del compromiso de España con el ajuste fiscal ha señalado la ley de estabilidad presupuestaria, que este viernes aprobará el Consejo de Ministros y que incluirá límites de gasto y endeudamiento para todas las administraciones públicas, así como mecanismos para controlar su cumplimiento.

Ha recordado que el Gobierno ya ha manifestado que "no va a dejar caer" a ninguna comunidad autónoma con dificultades económicas, pero ha asegurado que todas las administraciones deben esforzarse para que no que se produzcan "asimetrías". Respecto a la necesidad de fomentar el crecimiento, ha dicho que no se puede identificar estímulo económico con gasto público, porque la experiencia demuestra que esa política no es la solución.

Ha recordado que entre 2007 y 2010 España llevó a cabo "el mayor estímulo fiscal que se haya conocido en mucho tiempo", que tuvo como consecuencia que el superávit público del 2% se convirtiera en un déficit del 11%, mientras que la tasa de paro subió del 8 al 20%. Por esta razón, el actual Gobierno ha preferido optar por un programa de reformas estructurales como incentivo a la recuperación. En este sentido, ve "una ventana de oportunidad" en la reforma laboral, que debería servir para que el ajuste en tiempos de crisis no implique "echar a los temporales", para simplificar los tipos de contratos y para que el sistema de protección pública incentive la búsqueda de empleo. También se ha referido a la reforma financiera para recordar que urge contar con una sistema bancario más fuerte, transparente, saneado de activos de mala calidad y que esté en disposición de dar crédito, lo que se conseguirá tras una nueva ronda de consolidación.