La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha exigido al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que ofrezca explicaciones y pida perdón por "quitar pruebas evidentes" del sumario del caso Gürtel. Según Barberá, esas pruebas son "exculpatorias" para quien lleva "siete meses sufriendo como si fuera parte de un caso delictivo". Barberá se ha pronunciado en estos términos al ser preguntada sobre su opinión sobre el "cese temporal" del secretario general del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV), Ricardo Costa, que se propondrá en la reunión del Comité Ejecutivo del partido el martes 13. Barberá ha pedido la dimisión de los responsables de la Justicia.  

Barberá ha apuntado que personas que hayan cometido "errores, y personas que se aprovechen de la confianza de amigos los hay en la política, en las empresas y en las familias", pero "evidentemente, eso hay que explicarlo y reconocerlo" porque, según ha dicho, "no hay nada más que, probablemente, algún error", aseguró.  

La alcaldesa ha tildado de "inmoral e indecente" que se eliminen del sumario unas declaraciones que suponen "pruebas absolutamente exculpatorias para quien han tenido siete meses sufriendo como si fuera parte de un caso delictivo". Según ha asegurado, el Fiscal General del Estado, "y detrás, el Gobierno", tienen que dar "explicaciones de estas barbaridades, de estos abusos, y pedir perdón a las personas a las que públicamente se les ha hecho tanto daño".

La alcadesa de Valencia ha pedido además "la dimisión de los responsables de la Justicia", porque, en su opinión, los máximos dirigentes "se están cargando la independencia judicial y el estado de derecho. Aquí hay pruebas, y eso es todo lo que tengo que comentar", sentenció.

Conversaciones legales

La alcaldesa ha rechazado que exista una "teoría de la conspiración" que, según ha dicho, "nos están echando como si fuera una bola de béisbol" ya que, "aquí hay una prueba evidente que la han querido quitar de delante y, encima, como hay una mala instrucción por todas partes, se ha colado en el sumario, para que hoy se pueda probar que hay abuso institucional". Barberá ha dicho que "más crea alarma social" que el hecho de que unas personas "puedan estar sometidas a esta arbitrariedad de tratarlas como presuntos delincuentes cuando tienen encima la convicción y la prueba exculpatoria de que no es así", y ha pedido a "todos los españoles a pedir, primero explicaciones, y después decisiones, que son las dimisiones de los responsables de la Justicia".

Barberá ha censurado que la grabación de la conversaciones entre el empresario Pablo Crespo y su abogado son "absolutamente ilegales" porque esto "sólo se permite en los casos extremos de terrorismo, tampoco para todos". Por tanto, ante una "ilegalidad manifiesta", ha considerado que "quien lo ha ordenado tiene que dar explicaciones y asumir sus responsabilidades".  

Para la primera edil, este asunto es "un tema de una enorme alarma y gravedad institucional, de exigencias de responsabilidades inmediatas".