AFORTUNADAMENTE, las posiciones políticas no son inamovibles, y UPyD se quedó sola en defensa de la ilegalización de Bildu y Amaiur, una enmienda con algo de apoyo ciudadano en la calle pero carente del más mínimo sentido de la responsabilidad en la liquidación política de ETA, que de eso se trata. En otro momento y otras circunstancias, Rajoy y los suyos hubieran suscrito todos y cada uno de los postulados y adjetivos de la iniciativa de esta emergente formación política de la ex dirigente del PSOE y estaríamos hablando de otra deriva.

Sin embargo, el texto alternativo impulsado por populares y socialistas, apoyado finalmente por CiU. PNV, IU-ICV-CHA, CC y UNP y FAC -sólo se quedaron fuera cuatro formaciones del Grupo Mixto. ERC, BNG, GaBai y la propia Amaiur-, dejó en carne viva la demagogia que, a estas alturas del proceso, destila la fuerza política de Rosa Díez, que no ha sido capaz de darse cuenta de que la veta electoral de la lucha contra ETA no da para mucho más en la Cámara Baja. Uno de sus más caladeros de votos más rentables, por tanto, parece ahora cada vez más agotado por mucho que ella muriera ayer en el intento desde la tribuna de oradores.

Es digno de elogio el giro copernicano del Gobierno de PP al apostar claramente por la vía política para liquidar a esta lacra democrática, tal como subrayó la pasada semana el ministro del Interior en un punto de inflexión tras sus desvaríos sobre una reorganización de la banda que nadie se ha creído pese a los últimas detenciones. Podría haber optado por contentar a esa parte de su electorado que todavía bebe de las teorías conspiranoicas del 11-M tan inverosímiles.

La enmienda pactada por el PP y el PSOE reclama la unidad de todos los partidos para exigir a ETA "su disolución definitiva e incondicional" y pide al Gobierno que persiga "cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico". Además, el texto alternativo a la iniciativa parlamentaria de UPyD constata que el anuncio definitivo de la violencia por parte de ETA el pasado 20 de octubre ha sido consecuencia de la movilización de la sociedad contra el terrorismo, la unidad de las fuerzas políticas, la labor "ejemplar" de las víctimas, la firmeza del Estado de derecho, la actuación de las Fuerzas de Seguridad y también de la cooperación internacional.

También busca "reforzar el compromiso con las víctimas para salvaguardar la memoria y la verdad, defender la dignidad y hacer justicia a todas las personas que han sufrido la violencia terrorista".

Este texto de amplio consenso insta al Gobierno a "velar por el cumplimiento estricto de la ley y la persecución, en su caso, de cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico, y con especial atención a la defensa de los principios democráticos, los derechos y las libertades fundamentales y la convivencia pacífica de los ciudadanos". Ni una coma de novedad, pero todo muy razonable.

Ni que decir tiene que UPyD impidió, incluida la jugada final de la enmienda de adición in extremis (añadir a lo suyo lo de la mayoría en los últimos puntos), que el texto pactado por casi todos pudiera ser votado por la Cámara Baja. Quizás, en justa correspondencia, el rechazo unánime de su iniciativa hubiera merecido un simple bajonazo de las fuerzas mayoritarias y santas pascuas, dejando la alternativa para un momento parlamentario más relevante.

de San Jerónimo