España busca en su propio ordenamiento jurídico una salida a la crisis del Alakrana, el atunero vasco que permanece secuestrado por piratas somalíes desde el 2 de octubre y por cuya liberación los corsarios piden, además de un rescate, la liberación de los dos compinches encarcelados.

"Todas las vías jurídicas, legales, se van a explorar", manifestó el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en una rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete de crisis que sigue el caso del Alakrana. El jefe de la diplomacia española informó de que se ha implicado en el caso el ministro del Interior somalí, algo que el Ejecutivo considera importante ya que procede de la misma zona frente a la que se produjo el secuestro.

Los 36 tripulantes, 16 de ellos españoles, se encuentran bien dadas las circunstancias, según Moratinos. Así se lo transmitió el embajador español en Kenia, que pudo hablar con el patrón del barco.

El atunero fue secuestrado el 2 de octubre en el Índico, frente a las costas de Somalia. Dos días después, la fragata de la Marina española que vigilaba al barco secuestrado capturó a dos de los corsarios cuando trataban de alcanzar la costa somalí a bordo de un bote y ambos fueron trasladados a España por orden de la Audiencia Nacional.

La presencia de los dos piratas en suelo español complicó la situación del pesquero, ya que los corsarios añadieron a sus exigencias su vuelta a Somalia para dejar libre a los tripulantes, algo que ha puesto en aprietos a la Justicia y el gobierno españoles. Ahora, el Ejecutivo busca instrumentos legales para solventar la crisis, entre otros instrumentos bilaterales, dijo Moratinos, quien no obstante insistió en la legalidad de los posibles pasos a dar. "Todo lo que hagamos lo haremos dentro de la legalidad nacional y de la legalidad internacional", aseguró.

Los familiares de los marineros, entretanto, fueron recibidos por el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien el lunes había sugerido que la situación del barco podía "estar encauzada".

Horas antes se habían reunido con el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, para recibir información sobre la situación de los dos corsarios que se encuentran en España y las posibilidades de que sean devueltos a Somalia. "Es un momento muy delicado", se limitaron a decir los representantes de la familia al salir de la corte.

El abogado de Abdu Willy, uno de los dos corsarios a los que la Audiencia Nacional envió a prisión provisional, pedirá a la Justicia española que considere a su cliente como cómplice de secuestro y no como autor, una fórmula que acarrearía una pena de prisión inferior a los seis años y que según el ordenamiento jurídico español permitiría que fuese expulsado del país. "Creo que es buena la solución de la expulsión", dijo Francisco Javier Díaz Aparicio, quien asumió recientemente la defensa de Abdu Willy, hasta entonces representado por un abogado de oficio.

El letrado, un conocido abogado penalista experto en Derecho Internacional rechazó ante los periodistas revelar quién le paga por defender al pirata. "Entiendo el interés informativo, pero permítanme no responder a esa pregunta", dijo. Posteriormente, el ministro de Exteriores negó que el gobierno le esté pagando, posibilidad con la que se especuló en algunos medios.

El juez Baltasar Garzón, que fue quien ordenó el traslado de los dos piratas a España, dijo el lunes que existen medidas legales para compatibilizar la protección de los secuestrados con la persecución del delito, pero incidió en que la solución no puede pasar por "ceder a una presión". "No puede hacerse, es ilegal", dijo.