Para entender la España que viene hay que descifrar la España que se va. El 9-N es quizás el estertor de una etapa amortizada que dará paso a una reforma constitucional, y así lo entienden tanto Mariano Rajoy como Artur Mas, según fuentes de su entorno. El amago de consulta, sin interventores ni carácter vinculante, destapa una curiosa unidad de destino. Apenas un tercio del censo electoral acudió a votar en Cataluña. Rajoy interpreta el silencio de los dos tercios restantes como el mejor aval de su negacionismo. Mas confirma en papeletas lo que siempre admite en privado: él tampoco quiere la independencia.

El reto urgente es el punto de encuentro. Remozar (que no retocar) la Carta Magna exige un refrendo colectivo sólo factible si el entendimiento entre el Gobierno y la Generalitat es absoluto. CiU quiere un cesto de competencias blindadas, a salvo de injerencias ministeriales; un pacto fiscal que reequilibre el flujo fiscal que producen los canales solidarios; y una Agencia Tributaria cogestionada con el Estado. Además, busca cariño, y la transmutación aproximada en artículo sería un reconocimiento más explícito de su singularidad.

Rajoy es consciente de que debe mover ficha, pero su virtud cardinal es la templanza. El gallego ve esta función como una partida de dominó: primero el movimiento del oponente, después su jugada, por fin la negociación, estación definitiva el consenso.

Este cronograma, trazado sobre el folio de la teoría, topará en la práctica con importantes obstáculos. El PP observa de reojo a su electorado más recalcitrante, el núcleo duro, esa bolsa de apoyos que constituye los pilares sobre los que (a veces) se asienta el ciudadano de centro para concertar mayorías absolutas. Actuar antes de tiempo significaría perder la batalla de las apariencias y con ella la imagen de fortaleza -trufada de inmovilismo- que el presidente dejará en la memoria casi como único activo.

La otra piedra en el zapato es endógena y sólo se asimila si queda encuadrada en esta película de apariencias. Se llama Fiscalía y se apellida delitos de prevaricación y desobediencia, recogidos los dos en la querella que en breve y supuestamente presentará el Ministerio Fiscal tras los quiebros de Mas y su vicepresidenta, Joanna Ortega, a la triple suspensión decretada por el Tribunal Constitucional. Judicializar la pelea política reventaría el puente que sutil y subterráneamente uno y otro han comenzado a desplegar.

Artur Mas y su Govern en precario lo tienen aún más complicado. El empuje de ERC es formidable demoscópicamente hablando. A rebufo de esa expectativa compone Oriol Junqueras un maximalismo que pasa por elecciones plebiscitarias (figura que el ordenamiento jurídico español no recoge) y declaración unilateral de independencia en sede parlamentaria. Cuesta dar crédito a semejante menú vistos los frutos del 9-N y el retrato más o menos real del secesionismo en la comunidad. Junqueras lo sabe. Aunque parezca un Polichinela, él también invierte grandes sumas de gestualidad en el mercado de los votos, con la mirada pendiente de las municipales y las autonómicas.

Esta cronología es vital y dilucidará la jerarquía de los estrategas en liza. A CiU le conviene un anticipo por una sencilla razón: si ERC sella su superioridad en los ayuntamientos y Junqueras pasa de la pose al hecho, esa galaxia de átomos puede ser el comienzo de la rebeldía contra el sistema institucional vigente. Josep Rull, número dos de CDC, ha sido al respecto más claro que Ramon Espalader, número dos de la matriz CiU: si el Ejecutivo no negocia, como ya ha anunciado, los comicios son la opción A.

Volvamos pues al puente en camino. Elecciones anticipadas, victoria de Esquerra, CiU como segunda fuerza en el Parlament y la incógnita del PSC, debilitado por una indefinición que nace de sus complejos. Aquí el entorno del president es contundente y rompe el mito unitario: si Junqueras no alcanza la mayoría absoluta (68 escaños), ERC podría ser víctima de la casi mitológica sociovergencia, la suma de CiU y PSC, una mezcla políticamente más correcta que la resultante de sustituir a socialistas por populares en una tierra donde éstos no han logrado averiguar (salvo con Josep Piqué) el código de acceso al catalanismo. CiU se servía con Pujol de la muleta del PPC en la trastienda, sin alianzas explícitas por mutua vergüenza.

La concatenación de hitos fundamentales para cerrar este episodio de tensión territorial es imponente: Rajoy domando a sus fieras, CiU resurgiendo -como en tantas otras ocasiones- de sus cenizas, ERC perdiendo fuelle en el tránsito del fuego dialéctico a la aspereza de la gestión y el PSC salvando los trastos sobre la campana. Apasionante.