Acreedores de Tívoli piden que se declare nulo el contrato de venta del parque firmado hace 17 años

17 años han pasado desde que Rafael Gómez -más conocido como Sandokán- vendiera el que fuera el primer parque de atracciones de España, Tivoli World, a la empresa madrileña Tremón -junto a otras propiedades- por un total de 374 millones de euros. Tras aquello, denunció supuestos impagos por parte del grupo inmobiliario y siguió explotándolo hasta 2020, cuando el Supremo dio la razón a los compradores y tuvo que cesar la actividad. Pero, la batalla en los tribunales no ha puesto punto y final. Dos acreedores de la compañía vendedora creen que el contrato de compra presentó ciertas irregularidades, por lo que piden ahora que se declare nulo y se retrotraigan así sus consecuencias.

La gran operación inmobiliaria entre la sociedad Arenal 2000 y Atlantis -perteneciente al Grupo Tremón- ocurrió el 17 de abril de 2007. En el contrato marco se acordaron dos depósitos: uno de 25 millones para la compradora y otro de 147 millones para la vendedora atendiendo a la regularización de varios inmuebles que debía realizar antes de su liberación; si una de las partes no cumplía el contrato se rescindiría.

Al día siguiente, el 18 de abril se firmaron las escrituras de compraventa incluida la del Parque Tívoli y los depósitos previstos en el contrato recibiendo el grupo de Rafael Gómez un cheque de 15 millones de euros con fecha de cobro a dos años. Sin embargo, ese mismo día se firmó un acta de depósito no prevista en el acuerdo marco por el que los 15 millones recibidos como pago del parque quedaron en la notaria con la obligacion de responder por parte de la empresa de Gómez a la totalidad de obligaciones del acuerdo marco. En agosto, Arenal 2000 no cumplió con uno de los plazos previstos y, a pesar de que se habría negociado un aplazamiento de pago hasta diciembre, el grupo Tremón retiró en octubre los pagarés en depósito.

El abogado de los acreedores demandantes, José María Lumbreras -del despacho al que su apellido da nombre-, ha defendido en la vista que esta garantía, que a su juicio se trataría de una prenda dineraria y que prohibiría la retirada de los cheques, "no está prevista en el acuerdo marco". "Ignoramos cómo se pudo firmar tal acto, si fue un engaño o si en el grupo Arenal no eran conscientes de lo que firmaban teniendo en cuenta que en el mismo día se firmaron innumerables protocolos y escrituras muchas de ellas reiterativas que pudieron llevar a confusión. Pero, de lo que no cabe duda, al margen del consentimiento, es de que se trata de un acto nulo por falta de causa y objeto, un acto que refleja una garantía inexistente sobre un acuerdo no establecido y un acto que va contra la legislación civil", defiende y por esa razón demanda a ambas partes.

Los acreedores consideran, además, que las actuaciones llevadas a cabo por Tremón han sido "de mala fe" y "buscando en la confusión de una operación tan compleja la adquisición del Parque Tívoli sin abonar su justo precio". De esta manera, insta a que el contrato se declare la nulidad del contrato de compraventa del parque así como sus derivadas consecuencias casi una década después. En declaraciones a Málaga Hoy, José María Lumbreras ha reconocido la dificultad del planteamiento, pero ha asegurado tener "confianza en que la jueza vea los hechos y argumentos abstrayéndose de las vicisitudes ocurridas".

Aunque la demanda también va dirigida hacia la Compañía Internacional de Parques y Atracciones SA (CIPASA) -propiedad de Rafael Gómez y a la que pertenece Arenal 2000-, su abogado, Luis Márquez, se ha allanado a las solicitudes de los acreedores. "La venta de Tívoli fue un juego de trileros. Se lo quitaron descaradamente a Rafael", manifiesta también a este periódico.

Por contra, la defensa del grupo inmobiliario Tremón considera que ninguna de las dos empresas acreedoras que se presentan como demandantes tienen legitimidad para ello, pues aseguran que detrás estarían familiares de Rafael Gómez, por lo que apuntan a "un fraude de ley". Asimismo, defiende que lo planteado "ya es cosa juzgada" y justifican que "objetivamente en las fechas uno cumple y el otro no". El procedimiento está ya pendiente de sentencia.