“Un recorte de derechos”. Así califica el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga (UCE), Jesús Burgos, que la cita previa se mantenga en la mayoría de los organismos públicos pese a que ya no hay una situación epidemiológica que la justifique. “Es un recorte de derechos. La Administración tiene que atender a los ciudadanos, no se puede escudar en la cita previa”, opina.

Pero culpa “a los gestores políticos” de que la medida se mantenga. “Ellos son los que lo están permitiendo porque el funcionario, cuanto menos carga laboral tenga, mejor”. Asegura que mientras la situación epidemiológica ha mejorado hasta casi llegar a la normalidad previa al Covid, el acceso a las Administraciones “ha empeorado”. Incluso “la cita previa se extiende al sector privado y se aplica también en muchos bancos; cada vez hay más limitaciones en la atención al ciudadano. La Administración ha contagiado la cita previa al sector privado”.

Burgos sostiene que recibe muchas quejas y que la institución más inaccesible es la Seguridad Social. “Hay madres que tienen que tramitar la ayuda de los hijos y tienen que estar escaneando documentos, aunque no tengan en casa para hacerlo. La Administración debe estar al servicio de los ciudadanos, no los ciudadanos al servicio de la Administración. Y el funcionario está para atenderle, no para establecerle condiciones”, opinaba.

Rafael García es gerente de OTEM Asesores. Trabaja con todas las Administraciones y asegura que desde la implantación de la cita previa tienen más trabajo. “Para personas que no tienen mucha cultura digital, es un grave problema porque ahora no tienen un acceso fácil a la Administración y deben recurrir a una asesoría con lo cual deben pagar por un trámite que debería ser gratuito”.

En su opinión, se ha producido una “despersonalización” de la tramitación de cualquier expediente. Antes que se generalizaran la cita previa y los trámites on line, quien prefería la atención presencial podía acudir a un organismo público sin ninguna traba. “Ahora, la tramitación de un expediente se ha despersonalizado absolutamente. Hay mucha más burocracia; un entramado de entradas y salidas de escritos y poca resolución práctica”, comenta.

Porque explica que antes, la interacción entre el usuario o el gestor y el funcionario permitía resolver a veces en media hora, trámites que ahora se demoran incluso meses con envíos de escritos para ampliar información o datos. Cosas que antes se solventaban sobre la marcha en el mismo día.

“Hay personas mayores que ni siquiera saben pedir una cita previa on line. Es cierto que para quienes tienen cultura digital, les ha supuesto un avance porque ahorran tiempo, desplazamientos y en muchos trámites ganan en inmediatez. Pero para los que no se manejan tan bien con las tecnologías, es más complicado”, agrega.

Un alto cargo de la Junta aclaraba que la cita previa es una medida que aplican todas las Administraciones, pero opinaba que –sin volver a la situación anterior a la pandemia–, quizás sí se podría retomar más atención presencial porque opinaba que “hay que agilizar la atención que se da a los ciudadanos”.