El Juzgado de lo Penal número 13 de Málaga ha condenado a un hombre a tres años de prisión por obligar a prostituirse a su pareja, a la que también maltrataba de forma habitual teniendo en vigor una orden de alejamiento. Asimismo, deberá indemnizarla con el pago de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil y asumir 120 días de trabajo en beneficio de la comunidad. Tampoco podrá acercarse a menos de 500 metros del domicilio o el trabajo de su ex novia ni comunicarse con ella durante un periodo de cuatro años.

La sentencia recoge como hechos probados que desde el principio de la convivencia el condenado le profirió insultos tales como "cuerpo de escombros" y la acusó de "tener la culpa" de que le pegara, sin "entender cómo otro hombre no lo había hecho antes". Apenas tres años después comenzó a "obligarla a mantener relaciones sexuales con hombres en su propio domicilio", donde ella recibía a los clientes mientras el individuo se quedaba en el salón con el bebé que tienen en común. Anunciaba los servicios internet. Ella, recoge la resolución judicial, accedía "por temor" a su compañero sentimental y por las "necesidades económicas que atravesaban".

La víctima, según la sentencia, accedía por "temor" a su novio y por necesidad económica

El último episodio violento tuvo lugar meses después cuando, según la sentencia, el agresor le arrojó un mechero que le ocasionó una herida en la cara, donde posteriormente también le golpeó. Volvió a agredirla horas más tarde y le provocó distintas lesiones por las que tuvo que recibir asistencia sanitaria.

El juicio se celebró en abril, cuatro años después de que la mujer denunciara los hechos. La Fiscalía de Málaga había pedido en su escrito de calificación inicial para el acusado una pena de 10 años y 5 meses de cárcel. Tras modificar sus conclusiones provisionales, redujo a 9 meses de prisión la pena que solicitaba por un delito de maltrato habitual. Pedía un año y otros nueve meses por explotación para ejercer la prostitución y seis por quebrantar la orden de alejamiento como medida cautelar. El abogado de la víctima, Javier Cortés López, recalcaba entonces que el caso representaba "un supuesto de quiebra del sistema, que los grupos de apoyo a la mujer denuncian y que se han generalizado".