¿Quién paga qué en el Metro de Málaga? La respuesta a este interrogante ha tenido fácil respuesta en los casi trece años transcurridos desde el inicio de los trabajos de construcción del suburbano: la Junta de Andalucía. Desde el arranque de la ejecución de las líneas 1 y 2, a pesar de lo comprometido en el convenio de colaboración, que data de 2003, el Ayuntamiento de Málaga no ha aportado un solo euro al proyecto, asunto que, parcialmente, es objeto de confrontación en la vía judicial.

En los últimos ejercicios, el tema de la financiación ha sido objeto de atención y exigencia por parte del alcalde, Francisco de la Torre, quien de manera insistente ha venido demandando una revisión significativa en el contenido del acuerdo marco y, fundamentalmente, de las condiciones de pago a las que estaría obligado el Consistorio. Un demanda que cayó en saco roto con el anterior Gobierno andaluz y de la que, ya con un Ejecutivo regional aliado, de su mismo partido, no se olvida.

El mandatario local, según pudo saber este periódico de fuentes municipales, sacó a relucir el asunto en el primer encuentro institucional celebrado el pasado 25 de marzo con los dirigentes de la Consejería de Fomento. En transcurso de la reunión, en la que se puso especial atención a los problemas del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), De la Torre no pasó la oportunidad para reclamar la mencionada revisión del convenio del ferrocarril urbano.

Toma como punto de partida, como ya ocurriera en etapas anteriores, que poco o nada se mantiene de lo que sirvió de base para el acuerdo de colaboración entre las dos instituciones. Ni el coste de la obra es el mismo (se aproximará a los 750 millones, frente a los alrededor de 360 iniciales), ni el calendario de desarrollo es el que era (la primera fecha fijada era febrero de 2009 y ahora, en el mejor de los casos, la red quedará finalizada en noviembre de 2020), ni el trazado es idéntico (el tramo hasta La Malagueta se acorta hasta la mitad de la Alameda).

"La posición del alcalde es que el Ayuntamiento no es responsable de la nueva situación y que hay que revisar su posición en el tema de la financiación", indicaron las fuentes consultadas, que admitieron la necesidad de "concretar" los detalles en nuevas reuniones. "Es un tema en el que se tendrá que profundizar", insistieron, señalando la buena disposición de los responsables autonómicos.

El esquema fijado en 2003 obligaba al Consistorio, en lo tocante a los trabajos de construcción, a adelantar el dinero que posteriormente debía aportar el Gobierno central y que quedó plasmado en la firma de un convenio entre las administraciones regional y estatal. Sobre esa base, el Ejecutivo de la Nación debía abonar 175 millones hasta el año 2037.

Por ello, De la Torre viene insistiendo en que esa parte de la factura que se le imputa al Ayuntamiento debe queda anulada. "Se pide el mismo tratamiento que Sevilla", expusieron las fuentes, mensaje que viene a coincidir con el empleado tiempo atrás por el regidor. Y en este sentido, lo que se busca es "ser exonerado de cualquier cuota".

Otra cuestión es la que se relaciona con los costes de explotación y la subvención al billete, al objeto de compensar la diferencia entre el valor real del transporte (tarifa técnica) y lo que pagan los pasajeros. De acuerdo con el convenio de 2003, el Ayuntamiento tiene que sufragar el 25% de estos costes. El matiz es que los numerosos cambios en el proyecto, los incrementos de inversión y las revisiones contractuales con la concesionaria han elevado exponencialmente los valores de referencia.

El coste de explotación del Metro entre mediados de 2014 y finales de 2020 se estima en unos 450 millones de euros

A modo de ejemplo, sólo en el periodo comprendido entre mediados de 2014, cuando se puso en servicio de manera parcial la infraestructura, y 2020, cuando debería alcanzar el Centro, las partidas previstas por la Junta para pagar la explotación suman del orden de 450 millones. Tomando como cierta la proporción del 25%, la deuda municipal en esta materia sería de 112 millones.

Pero en el propio seno de Fomento, al menos en la etapa anterior, existía la duda sobre si se podía hacer responsable al Consistorio del pago completo en este periodo transitorio, en el que se compensa a los socios privados por los años en los que no han podido explotar el Metro por los retrasos de la obra.

Una parte de los responsables admitía que como mucho se le debería facturar por el valor efectivo de la subvención a los viajeros, sin tomar en consideración el sobrecoste generado por los incumplimientos temporales. Usando esta premisa y estimando del orden de de 38,6 millones de pasajeros hasta finales de 2020, la suma que se le podría reclamar rondaría los 31 millones de euros.

La tarifa técnica estimada para la obra original era de 1,94 euros; una vez culminada la red ascenderá por encima de los 4,2 euros

En este contexto, el equipo de gobierno del PP insiste en que tiene que tomarse como marco de referencia el proyecto inicial, es decir, el de 360 millones, cuando la tarifa técnica rondaba los 1,94 euros. De ser asumida esa demanda, el recibo para las arcas locales descendería de manera significativa. De hecho, según el propio alcalde ello implicaría que el Ayuntamiento tuviese que compensar "seis o siete millones". Un dato que ya utilizó hace casi cinco años, cuando estaba en plena discusión con la Junta sobre este mismo asunto.

A la espera de acontecimientos, el argumento municipal pivota sobre la creencia de que la mayor parte de las variaciones sufridas por el proyecto, con las consecuencias económicas ya conocidas, le son del todo ajenas. "No somos responsables de la situación actual", expusieron desde el Ayuntamiento. Queda por ver si los nuevos responsables de la Junta comparten esta misma visión.